La defensa pidió a la Corte Suprema de Justicia que ordene que cesen las órdenes de captura, giradas por la Policía Internacional (Interpol) a petición de un tribunal español, contra 17 militares acusados del asesinato de seis jesuitas y sus colaboradoras en 1989.
Los abogados presentaron ante la Sala de lo Constitucional un recurso de “hábeas corpus” o exhibición de la persona, el cual sirve para determinar si una orden de detención es ilegal o no.
En un escrito de 29 páginas, el abogado Lisandro Quintanilla sintetizó la petición que hace a los magistrados de la Sala de lo Constitucional: que libere a cuatro militares que fueron capturados y que están en las bartolinas policiales de la Subdirección de Tránsito Terrestre.
También razonó que esa detención tiene como fin la extradición de los apresados a España, la cual no procede porque ya en dos ocasiones la Corte Suprema la ha denegado.
Además, sostuvo que la detención va contra principios esenciales del Derecho, como la prohibición de perseguir varias veces el mismo hecho para las mismas personas y el principio de cosa juzgada, es decir, que no se puede remover un caso que ya fue llevado a juicio.
En 1991, ocho militares fueron llevados a juicio por el múltiple asesinato y delitos conexos.
Una amnistía que se decretó dos años más tarde, tanto para militares como para guerrilleros al final de la guerra interna, posibilitó que los involucrados pudieran salir en libertad.
El juez español Eloy Velasco alega que tiene jurisdicción para juzgar el caso porque varios de los asesinados eran españoles.
“No son delitos de lesa humanidad… Por lo tanto, no debe continuar esta persecución por parte de la Audiencia Nacional Española “, afirmó el abogado.
Descalifica a procurador
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, ha dicho que el juzgamiento de los militares involucrados en el caso ha sido porque los juicios que se desarrollaron en 1991 han sido fraudulentos.
Pero Quintanilla restó interés a las declaraciones de Morales. “No creo que alquien tome muy en serio las declaraciones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. A mí me parece que él está totalmente descalificado para emitir opiniones sobre este tema”, aseveró Quintanilla.
Agregó que con sus declaraciones lo único que hace es confundir a la opinión pública y tergiversar perversamente los conceptos jurídicos en favor de los intereses que no se a qué obedecen.
“El está pisoteando los derechos humanos de los salvadoreños”, dijo Quintanilla, al cuestionar al funcionario por qué no ha reclamado porque los militares fueron detenidos ilegalmente o si ha elevado su voz porque la justicia española está persiguiendo a estos salvadoreños en el país.
El abogado también manifestó que el pleno de la Corte Suprema aún no ha designado el caso a un tribunal para que decida sobre la situación de los militares detenidos.
El recurso de exhibición personal pretende restablecer los derechos de los detenidos, porque a más de seis días de arrestados aún no se les ha procesado como manda la ley salvadoreña, es decir, están en un limbo legal.
“El punto de agenda que la Corte Plena debe tener este día es cómo vamos abordar el tema de la detención de estas personas, casi ocho días y nadie determina cuál es la naturaleza de la detención por la que se encuentran”, afirmó.
En ese sentido, pidió con urgencia a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para que entren a conocer la situación legal en la que están los militares, porque los plazos legales de arresto ya se vencieron el martes anterior.
Quintanilla denunció que el juez Eloy Velasco, del Juzgado Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional de España le ha negado el acceso al expediente judicial de los militares salvadoreños a un abogado que los representa y que se ha mostrado parte interesada en ese caso.
Contrario a la orden del juez español, la Policía de España desatendió la orden de una jueza de Argentina que ordenaba la extradición de 19 exfuncionarios españoles involucrados en delitos de lesa humanidad y tortura.
El ministro Justicia de España resolvió que se denegaba la captura de los 19 exfuncionarios porque el delito al que se refería ya había prescrito y por la Ley de Amnistía.