La Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la presencia del Director de Centros Penales, Rodil Hernández, evaluó ayer la posibilidad de otorgar libertad condicional a unos mil presos que padecen enfermedades terminales o calificadas como males crónicos degenerativos.
Para tener acceso a este beneficio se plantearon varios requisitos, entre ellos “presentar un dictamen médico emitido por el Instituto de Medicina Legal y por un Equipo Técnico Criminológico que certifique el padecimiento, no tener penas mayores de 8 años, registro de buena conducta, haber participado en uno de los programas de reinserción, tener un expediente carcelario limpio y no representar peligrosidad”, según reza parte del informe legislativo colocado en el sitio de Internet.
Este informe añade que el proyecto de ley excluye de los beneficios a los reclusos agresivos o de alta peligrosidad que purgan penas por delitos graves como crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, terrorismo o asociaciones ilícitas, y a aquellos que estén en régimen de internamiento especial.
Hernández sostuvo que el hacinamiento en los centros penales agrava las enfermedades de los reos.