El apoderado legal de La Prensa Gráfica, Arístides Perla, aseguró que “son contundentes” las pruebas que incriminan a las personas detenidas ayer durante el operativo y allanamiento a la Alcaldía de San Salvador y a varias empresas ligadas al ciberataque contra ese medio de comunicación. Agregó que ya no se trata de personas sospechosas sino que ahora tienen calidad de imputados, pues enfrentan un proceso judicial.
“Ya no hay sospechosos, son involucrados o los que resultaron involucrados después de una investigación exhaustiva, ya son imputados”, aseguró Perla, quien ha sido el encargado de poner la demanda ante la Fiscalía General de la República y en un tribunal de Santa Tecla.
La Fiscalía, en su cuenta institucional de Twitter, confirmó la detención de Andrés Ricardo Ortíz (arrestado en noviembre y luego puesto en libertad bajo fianza), José Carlos Navarro (“Payaso sin gracia”), Óscar Domínguez y Mayra Lisseth Morán, quienes fueron trasladados a la División Central de Investigaciones (DCI)de la PNC.
A juicio del representante legal de LPG, las evidencias contra estas personas y otras que aún no han sido capturadas, son bastante categóricas.
“La evidencia es contundente. Después de la pericia informática, tras la incautación de los equipos en el denominado Búnker, se realizaron una serie de diligencias en las que se han obtenido tanto prueba testimonial como prueba documental y prueba pericial”, argumentó Perla, en entrevista telefónica a este periódico.
Buen precedente
A criterio del abogado de LPG, con esta acción de la Fiscalía se está enviando un mensaje a la sociedad de que no habrá impunidad para las personas o funcionarios que se involucren en actividades ilícitas.
“El precedente es valioso, es importantísimo para el Estado de Derecho y la democracia en El Salvador. El mensaje que la Fiscalía ha dado es que los funcionarios públicos no pueden dedicarse a cometer delitos, mucho menos atacar a medios de comunicación independientes que lo único que hacen es investigaciones periodísticas sobre la función que desempeñan este tipo de funcionarios…”, dijo.
Agregó que tras los allanamientos y las detenciones, los arrestados tendrán que ser puestos a disposición del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla y la Fiscalía tiene que presentar la acusación formal “contra las personas capturadas y las que no ha capturado aún”, explicó Perla.
Añadió que son cuatro los delitos por los cuales se procesa a los implicados en el ciberataque a LPG y a EDH: violación a distintivos y marcas comerciales; violación a derechos de autor y derechos conexos; falsedad material, y asociaciones ilícitas.
Indicó que existe un quinto delito que a futuro podría ser incluido por la Fiscalía, que es el atentado contra la libertad de expresión. En este caso, Arístides Perla aclaró que solo puede ser atribuible a un funcionario público.
Explicó que este delito se refiere al funcionario que generare o promoviere la censura a un medio de comunicación.
En su cuenta personal de Twitter, el edil capitalino, Nayib Bukele, aseguró que hoy acudirá a la Fiscalía General de la República a las 3 de la tarde para que le digan “en la cara” los delitos que le atribuyen.
El caso inició el 11 de noviembre pasado cuando Andrés Ricardo Ortiz Lara fue detenido por supuesta clonación de la página web de LPG el 7 de julio de 2015 y se difundió una falsa entrevista del presidente de ese periódico, José Roberto Dutriz.