La Fundación Nacional para El Desarrollo (FUNDE), Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, hizo un llamado a los funcionarios del Ministerio Público y del Órgano Judicial a cargo de algunas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito a cumplir con las atribuciones legalmente conferidas y a asumir un renovado compromiso en la lucha frontal contra la impunidad de los responsables de cualquier delito relacionado con actos de corrupción.
Además, exhortó a los salvadoreños a seguir haciendo uso de su derecho de acceso a la información pública, de manera que se ejerza una verdadera contraloría ciudadana sobre el resto de casos en proceso de investigación por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
La Fundación considera que es inaceptable la existencia de amenazas o presiones de personas o de grupos, que pretendan impedir u obstaculizar la persecución penal del delito de corrupción.
Tampoco aceptan que se ponga en duda la necesaria independencia y autonomía de las instituciones públicas que en ejercicio de sus funciones, se deben únicamente al interés de las personas, al contenido de la ley y al bien común.
El Fiscal General de la República, según FUNDE, tiene la importante tarea de realizar las diligencias iniciales de investigación correspondientes ante la posible existencia de actos de corrupción que repercuten negativamente en el desarrollo del país y en la vida de todas las personas.
En el ejercicio de tales atribuciones en defensa de los intereses del Estado y de la Sociedad, el Fiscal General de la República debe contar con la colaboración del resto de instituciones públicas y particularmente de los órganos auxiliares de justicia.
Esta posición de FUNDE, se enmarca, ante las recientes declaraciones de Douglas Meléndez, Fiscal General de la República, sobre la existencia de presiones en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Estas se han producido, aparentemente, por las recientes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, al ordenar el inicio de juicios por presunto enriquecimiento ilícito en contra del diputado Reynaldo López Cardoza; del Dr. Leonel Flores, ex Director del ISSS; y contra Mauricio Funes Cartagena, ex Presidente de la República, las cuáles se enmarcan en el cumplimiento de lo estipulado en el Art. 9 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, así como en el Art. 240 de la Constitución de la República. Por lo tanto, gozan de la legalidad y legitimidad esenciales en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales que le competen.
Embajadores de la U.E. se reúnen con Fiscal General
Los Embajadores de la Unión Europea acreditados en El Salvador, sostuvieron una reunión de cortesía con Douglas Meléndez, Fiscal General de la República, en el marco de un diálogo amistoso sobre temas de actualidad y en apoyo a su gestión al frente del Ministerio Público y a sus importantes esfuerzos dirigidos al fortalecimiento del Estado de Derecho en El Salvador.