Elías Antonio Saca, debe explicar los ingresos percibidos cuando fue presidente de la República, tanto de los negocios que tenía previo al 1 de junio de 2004 como el patrimonio con el que concluyó su mandato el 31 de mayo de 2009, aseveró Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
“Creemos que es importante aclarar este punto, que se le dé las explicaciones a la ciudadanía y sobre todo que se reconozca que este es un ejercicio legítimo por parte de las autoridades, de los mismos ciudadanos, de los preceptos contemplados en la ley. La investigación sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios forma parte del derecho de acceso a la información pública y la prevención de la corrupción en nuestro país”, manifestó.
El pasado viernes, por 14 votos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la auditoría practicada al expresidente Antonio Saca, la cual determina “suficientes indicios de enriquecimiento ilícito” por $5 millones.
Se conoció por parte de una fuente de la CSJ, que la cantidad que no había podido justificar Saca se redujo de $6.5 millones a $5 millones. Sin embargo, la Corte en pleno dejó la decisión de mandar el caso a juicio a una Cámara de lo Civil, hasta mañana.
Los 14 magistrados de Corte Plena no pudieron emitir ese mismo día la resolución de enviar el caso porque también evaluaron otros aspectos, como el hecho de que hay “terceros que pueden ser ahora los dueños de las acciones… porque hay empleados de allí que pueden salir perjudicados”, dijo la fuente.
Fue a raíz de una petición de la ALAC de Funde, a la CSJ, sobre los exámenes de auditoría a las declaraciones de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, por el cual actualmente es analizado estos casos.
“Esta no ha sido ninguna persecución política, no ha sido un complot contra nadie. Las auditorías las hemos solicitado de tres expresidentes que pertenecían a tres partidos políticos diferentes y consideramos que ya llegó el momento que los ciudadanos exijan cuentas y que los funcionarios reconozcan que están obligados a darla”, recalcó.
El próximo martes 23 está previsto que la CSJ entregue las auditorías a las declaraciones de los tres expresidentes a la ALAC en una audiencia pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El coordinador de ALAC dijo esperar que la información que se les entregue sea íntegra, precisa y oportuna.
Por otra parte, el presidente del Coena, Jorge Velado, expresó sobre la auditoría de Probidad al expresidente Saca que “aparentemente ahí hay indicios de que no hay justificación para algunos ingresos como pasó con el caso de (Mauricio) Funes. Lo que procederá es que la Corte plena decide si le abre un proceso”.
“Lo que puedo decir es que cuando una persona tiene un estilo de vida y después pasa a tener un estilo de vida totalmente diferente uno puede sospechar. Los salvadoreños tenemos derecho a saber qué ha pasado con los fondos del país”, agregó Velado.