La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),admitió seis demandas de amparo presentadas por empleados de la alcaldía de San Miguel, que ostentan cargos de jefaturas.
El amparo es en contra del concejo municipal y la comisión de la carrera administrativa municipal.
Con la admisión de la demanda, el máximo tribunal de justicia del país, ordenó suspender el despido de los demandantes.
Añade la resolución, que mientras dure la tramitación del proceso, el concejo de San Miguel debe garantizar la estabilidad laboral y abstenerse de separar a los demandantes.
Los empleados que han presentado el amparo ante la Corte son Lilian Nohemy Silva Manzano, Marta del Carmen Chávez de Henríquez, Silvia Díaz Guevara de Lara, Óscar Orlando Valle Silva, Verónica Soraya Sosa de Cáceres y Alex Noel Argueta.
Ellos ocupan cargos en las jefaturas del Registro del Estado Familiar, Administración Tributaria Municipal, Recursos Humanos, Departamento de Cultura y Deportes, Registro de Identificación Personal, y Archivo de Cédula y Carné de Minoridad; y de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras.
La Sala de lo Constitucional informó que analizarán una presunta ilegalidad al ser despedidos los seis empleados de la comuna migueleña, ya que el concejo habría hecho una modificación de los vínculos laborales de los demandantes por Ley de Salarios, en la que se les pedía suscribir una contratación con una vigencia de dos meses.
Se agregó que los empleados de la comuna se negaron a firmar el nuevo contrato y que por tal motivo fueron despedidos.
La CSJ consideró que probablemente al ser modificada la relación laboral, hubo desmejora en las condiciones de los empleados y se violó el derecho a audiencia, defensa de estado laboral y a recibir una retribución. Los demandantes alegan que se encuentran dentro de la Carrera Administrativa Judicial.
Ordena pagar salarios
El máximo tribunal indicó que la municipalidad cesó a dichas personas por no reunir requisitos para ser empleados de confianza.
Los demandantes por su parte, argumentan que no ocupan cargos de confianza y que se han ganado su cargo cumpliendo los requisitos que la ley requiere.
Mientras la Sala de lo Constitucional dirime el caso, ha ordenado a la pagaduría de la comuna migueleña que proceda al pago integro del salario de los demandantes, cualquier otro desembolso pecuniario y demás prestaciones laborales.
Al respecto, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, dijo a El Diario de Hoy que los despidos los había hecho por incompetencia de los cesados.
Además, indicó que la Ley de Salarios le faculta para poder hacer despidos, cuando los subalternos no reúnen los requisitos que la comuna necesita de ellos.
“Lo que sucedió es que se les venció el contrato, como en toda administración”, dijo el alcalde.
Agregó que la Ley de Salarios no le prohibe realizar despidos cuando lo crea necesario.
El edil puso por ejemplo que en el caso de la jefatura de ingeniería, ha realizado trabajos que costaron mucho dinero y que no duraron.
Una de las cesadas, Lilian Nohemy Silva Manzano, dijo que esperaba que las instituciones funcionen en dicho caso.
“No tendría nada que decir, ya que serían las instancias respectivas las que funcionen. Ya el alcalde dio su postura al respecto”, dijo la actual jefa del Registro del Estado Familiar de la comuna migueleña.
La Sala de lo Constitucional deberá emitir un fallo final.