La defensa pidió que se haga una audiencia especial para otorgarles libertad con condiciones a cuatro militares detenidos por presunta vinculación con el caso jesuitas.
La petición fue presentada ayer por el abogado Lisandro Quintanilla al pleno de la Corte Suprema.
Quintanilla defiende a un coronel y otros militares detenidos por petición de un tribunal español, que los juzga por el asesinato de seis jesuitas y sus dos empleadas, perpetrado el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).
La defensa pide a la Corte la revisión de la detención del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y de los subsargentos Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo, para concederles libertad condicional con la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse cada cierto tiempo a la Corte y de estar atentos a las citas judiciales que les ordenen.
“El Código Procesal Penal establece que el tribunal competente, en este caso la Corte Suprema, perfectamente puede revisar la detención provisional para sustituirla por otras medidas menos gravosas a su libertad”, explicó Quintanilla.
Esto, dijo, mientras se realice el proceso para determinar si es válida la extradición o no, la cual puede durar meses.
La solicitud tiene que ser resuelta en tres días hábiles. De no ser así, Quintanilla advirtió que presionarán y presentarían nuevos recursos.
Sin resolver en Sala de lo Constitucional
Por este caso, la defensa de los militares interpuso dos recursos de hábeas corpus (protección constitucional hacia una persona que ha sido detenida ilegalmente) ante la Sala de lo Constitucional.
El primer recurso fue interpuesto días antes de que la Policía Nacional Civil procedió a las capturas, el otro fue presentado el 11 de febrero.
Sin embargo, Quintanilla afirmó que hasta el momento, la Corte y la Sala no se han pronunciado por las capturas.
“En vista que ni la Sala de lo Constitucional ni la Corte en pleno han hecho pronunciamiento sobre la detención de estas personas, estamos utilizando este mecanismo que lo establece el Código Procesal Penal”, dijo.
Respecto al caso, la defensa manifestó que en el proceso la justicia salvadoreña ya se pronunció y que no se puede juzgar dos veces por el mismo delito a los militares.
También argumentaron que con la orden de captura de España por parte del juez Eloy Velasco, se estaría violando la Ley Orgánica del Poder Judicial español, la cual limita la persecución de los delitos de lesa humanidad por parte de los tribunales de la Audiencia Nacional de ese país europeo.
Además, señalaron, se estarían infringiendo el tratado de extradición que El Salvador ha suscrito con el Reino de España y la Ley de Amnistía salvadoreña que favoreció tanto a militares como a guerrilleros, emitida después de la guerra en 1993.