Las empresas dedicadas al abastecimiento de agua potable, en aquellas comunidades y colonias que no son atendidas por la Administración Nacional de Alcantarrillados y Acueductos (ANDA), enfrentan una crítica situación financiera debido a la inseguridad que se vive en las zonas que ellos abastecen con el vital líquido, sin que las autoridades policiales puedan solucionar esa problemática, según denunciaron.
Las empresas que se dedican a ese rubro no se atreven a denunciar las extorsiones y los robos de los que son víctimas por temor a represalias, ya que según los denunciantes, los pandilleros actúan con la complicidad de agentes de la Policía.
“La inseguridad está haciendo que estas empresas ni reciban lo económico ni que podamos reparar los baches o las tuberías con fugas que hay porque no podemos entrar a un montón de colonias ni se hace responsabilidad social. No se puede hacer responsabilidad social cuando la gente no paga el servicio de agua”, dijo uno de los empresarios afectados con las extorsiones que les exigen las pandillas a las distribuidoras.
Pero las extorsiones no solo se limita a lo económico sino que también, las pandillas deciden a cuáles familias les tienen que suministrar agua potable totalmente gratis.
Este empresario denunciante explicó que las distribuidoras tienen que pagar de 800 a 1,000 dólares mensuales en cada una de las comunidades que abastecen de agua para poder operar y además para que los pandilleros no les hagan daño a los empleados que trabajan en las operaciones de los pozos.
Los denunciantes aseguraron que se enfrentan “a las amenazas constantes, las extorsiones mensuales que tenemos que pagar, el suministro de agua potable gratis y después viene los costos de la energía eléctrica, los cuales se han disparado”.
En total son alrededor de 12 administradoras privadas de pozos que se encargan de suministrar el agua potable al 10 por ciento de la población salvadoreña. Estas empresas atienden comunidades y colonias en zonas con alta presencia de pandillas situadas en Apopa, Ilopango, Lourdes, Colón; Zacatecoluca y en la zona oriental del país.
“Yo busco la seguridad de mis empleados, si la única forma de que a mis empleados y a mi no nos hagan nada es aceptando la extorsión, porque nadie me cuida ni me vigila”, dijo uno de los afectados.
Agregó que el problema de la extorsión a esas empresas se ha agudizado en los últimos dos años por el hecho que cabecillas de pandillas que se encuentran libres, han incrementado las cuotas de las extorsiones y no permiten dialogar con ellos para tratar de evitar que amenacen a sus trabajadores.
A lo anterior se suma la obligación que les han impuesto los pandilleros de no cobrarles el servicio de agua potable a sus familiares o amigos más cercanos lo que se ha traducido en pérdidas económicas a las empresas, agregó.
Solo en una colonia de San Salvador, a la empresa la han obligado a suministrar el líquido a unas 80 casas, en la mayoría de las cuales habitan pandilleros o parientes de ellos.
En otra colonia existen unas 350 casas deshabitadas y desmanteladas, pero algunas familias que viven cerca se han dado a la tarea de hacer conexiones ilegales para sustraer agua a ningún costo.
Esas casas son propiedad del Fondo Social para la Vivienda (FSV) donde han llegado usurpadores o las ocupan las pandillas para planificar sus acciones criminales, y tampoco paguen al menos la cuota fija, según el denunciante.
“La mayor parte de los usurpadores de esas casas son los responsables de los robos y daños a la red de distribución de la urbanización y que impide que le llegue un buen servicio a la comunidad honesta y responsable que está solvente con el pago del servicio”, dijo.
Solo una empresa abastece de agua potable a más de 10 colonias y en la mayoría de las cuales se cobra una tarifa fija de $8.61.
Pandillas cobran
Otras de las manifestaciones de inseguridad que enfrentan estas empresas es que en la mayoría de las colonias o comunidades beneficiadas con ese servicio de agua potable, los trabajadores no pueden ingresar a los pasajes para poder leer los medidores y establecer el consumo de agua.
Los pandilleros se han tomado la tarea de que ellos serán los que se encargarán de leer los medidores y llevar los recibos del consumo de agua a las familias.
“Totalmente tomados los pasajes, ahí no podemos ni siquiera cobrar y ahora nos han dicho de que ellos se pueden encargar de hacer la cobranza, que confianza podemos tener (en ellos)”, dijo uno de los afectados. Agregó que también los empleados de las distribuidoras exponen sus vidas cuando van de una colonia a otra a reparar fugas de agua porque tienen que cruzarse zonas donde hay presencia de una pandilla a otro sector donde están los rivales.
En la época de Navidad y Semana Santa, el pago de la extorsión es el doble, incluye aguinaldo y pago de buses para llevar a los pandilleros y sus familias a la playa.
El pago de la extorsión ha obligado a estas empresas a explicarles a los auditores externos que se saca dinero para dárselos a las pandillas y por los mismos no reciben recibos ni documentación que justifiquen esos pagos, por lo que no son deducibles.
Tampoco los técnicos no pueden ir de una comunidad a otra para revisar y darles mantenimiento a los pozos porque son amenazados si se acercan a los sitios donde hay pandilleros de la mara rival.
En algunos casos, los mareros han golpeado a los trabajadores por creer que residen en zonas donde hay presencia de pandilleros rivales y hasta los han amenazado con matarlos, si se atreven a regresar a esas lugares.
Pero lo que más indigna, según los denunciantes, es que los cabecillas de las pandillas que operan en las colonias con servicio privado de agua potable manden a niños de siete a ocho años a cobrar las extorsiones. En otros casos son supuestos estudiantes uniformados y mujeres las que llegan a retirar el dinero de la extorsión. Horas después se les ve que andan vendiendo frutas o legumbres de forma ambulante.
Pero las amenazas y los robos no solo van a los empleados de las administradoras de pozos, sino que también para los trabajadores de las empresas que suministran el cloro para purificar el agua.
Los pandilleros les han robado cargamentos de cloro y objetos personales y les advierten que no quieren volverlos a ver o se exponen a ser asesinados.
El robo de agua por parte de algunas familias que hacen conexiones ilegales, daños a la red de distribución de agua y el desperdicio del líquido se suman a los problemas de inseguridad que deben de enfrentar estas administradoras.
A todo lo anterior, también se le suma el problema de la reducción de las reservas de agua que es originada por la disminución del manto acuífero superficial y eso obliga a ocupar más tiempo para suministrar el vital líquido.
En tal sentido, señalaron los denunciantes, con los problemas externos e internos a los que se enfrenta la mayoría de esas empresas, éstas corren el riesgo de no estar en condiciones para seguir abasteciendo de agua potable a decenas de colonias y comunidades.
Ante esa situación, los denunciantes pidieron a las autoridades competentes que asuman la responsabilidad de garantizar la seguridad a los trabajadores de las mismas, explicaron los denunciantes.