El funcionario está al servicio de la sociedad

El magistrado Rodolfo Gozález sostiene que ningún funcionario público debe estar exento de la justicia. 

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San Salvador 22-12-15 / Foto Por Gloria Lissette Monterrosa de Es

Por Tania Urias

2016-01-04 9:07:00

¿Hay una nueva ley de Probidad, usted no puede adelantar criterio, pero el solo hecho de que haya una nueva ley y los diputados autores de esta, digan que le dan más facultades a una Sala que a la Corte Plena hará que la Sala de lo Constitucional renuncie al control constitucional sobre esta norma?

No. En realidad, dejando de lado la Constitución, no hay ninguna ley, tratado, reglamento, ordenanza, que esté exento del control constitucional, lo hacemos de oficio, cuando viene una demanda de un ciudadano cualquiera, la Sala tiene siempre la facultad de someter a control y verificar. La Constitución determina quién es la autoridad competente y cuál va a ser el procedimiento, si por Ley se quitan esas competencias a la autoridad que la Constitución ha determinado, ahí puede haber un primer indicio de inconstitucionalidad…

¿En este sentido, ustedes, a petición de la ciudadanía, ejercerán la debida revisión a la luz de la Carta Magna?

Sí, está esa posibilidad, la Corte Plena podría, si en algún momento encuentra inconstitucionalidad, declarar inaplicable una nueva ley… Hay que ver cómo ha quedado el producto final de esta nueva ley, revisar qué se ha dicho en términos de debido proceso, este hay que garantizarlo, hacer efectivas las herramientas para que Probidad dé su aporte en el combate a la corrupción…

¿Cuál es el mensaje que está enviando al país con este impulso a la sección de Probidad y el envío a juicio de algunos casos?

El primer mensaje es respetar la hacienda pública, los dineros públicos, porque el dinero que tiene el Estado proviene de los aportes que damos todos con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones, que implica en cierta medida un sacrificio que hacen las personas, de algo que podría satisfacer sus necesidades, es un aporte al Estado… Pero eso va más allá a Probidad, también implica no aprovecharse de que se ocupa un cargo público para hacer negociaciones ilícitas, para obtener favores indebidos o hacer favores indebidos a favor de terceras personas, el funcionario está al servicio de toda la sociedad, no de un grupo determinado, ni mucho menos a favor de sí mismo… Hay una resistencia bien fuerte en el campo político, sobre esa decisión, esos beneficios que ha traído la ley de Probidad, a los de la Asamblea les incomoda…

¿Son parte de esos ataques que se han venido dando a la Sala?

En el diseño constitucional hay un principio viejo de separación de poderes, que es muy importante, los partidos o los Órganos políticos vigilan, el Ejecutivo tienen control sobre su propio campo de acción, pero los otros Órganos somos independientes, a veces se confunden los parlamentos, y piensan que porque ellos hacen la elección de un Fiscal, o de una Corte de Cuentas, o de un CNJ, o de una Corte Suprema de Justicia, estos otros Órganos deben estar subordinados a sus intereses, pero no. El Órgano Judicial y los otros Órganos que se llaman de control: Corte de Cuentas, Ministerio Público, son en la Constitución, independientes, y así deben actuar, entonces que le incomode a otro Órgano, al Legislativo, al Ejecutivo, el funcionamiento del (Órgano) Judicial; no debe de ser razón para que este quede frenado…

¿Entonces, aunque ustedes hayan sido electos como jueces por el poder Legislativo, no están subordinados a ellos?

La división de poderes, implica independencia de cada Órgano, cada uno tiene sus propias competencias y funcionan unos controles recíprocos, y el control de constitucionalidad está encomendado al Órgano Judicial, las leyes, y decretos, que emanan del Legislativo y el Ejecutivo, son sujetos a control, por parte de los jueces, eso es en toda la democracia…

¿Han pesado fortalecer la sección de Probidad con más recursos?

Sí, se le ha puesto en conocimiento al presidente de la Corte la necesidad de que autorice nuevas contrataciones de personal, abogados, investigadores y auditores, para que con ojo clínico puedan ver las declaraciones donde aparezcan indicios de enriquecimiento. Además queremos capacitar al personal que ya se tiene y sobre todo hacer una estrategia que permita ir tomando los casos más graves.