Miembros del Equipo Gestor de la Ley de Probidad presentaron esta mañana una demanda contra la Ley de Probidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
El grupo cuestiona nuevamente la aprobación de la normativa avalada por el Presidente de la República por considerarla un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Para Javier Castro, de Fusades, pese a tener una ley de enriquecimiento ilícito de hace 59 años, se estaba dando los primeros pasos al abrir dos juicios por indicios fuertes de enriquecimiento ilícito.
Hasta el momento se ha abierto proceso al diputado Reynaldo López Cardoza y al exdirector del ISSS, Leonel Flores Sosa, luego de que se le detectara inconsistencias entre ingresos y egresos, y bienes no declarados.
“Necesitábamos actualizar la ley de 1959 per lo que hizo la Asamblea fue retroceder”, coincidió Javier Argueta, de la ANEP en la entrevista de canal 33.
Pero Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) dijo en ese mismo espacio que es necesario combatir la corrupción y que en esa lucha una ley de probidad se vuelve incómoda.
“Esta ley de probidad es una ley incómoda y causa mucha molestia a los políticos”, manifestó Claudia Umaña.
La aprobación, sanción y publicación de la ley avalada por el FMLN, PCN y GANA con la venia de Sánchez Cerén se dio de manera exprés, en un lapso de siete días hábiles, pese a las voces de sectores representados en instancias como el Equipo Gestor que advirtieron que la ley violenta la Constitución, que le da a la Corte Plena la facultad de ordenar los juicios cuando haya indicios de enriquecimiento ilícito en las declaraciones de bienes de los funcionarios.
Desde los partidos políticos se ha defendido el haber cambiado las reglas y trasladarle a la Sala de lo Civil las decisiones. Además han negado que se les haya quitado Probidad facultades para luchar contra la corrupción.