El abogado Julio Valdivieso aseguró recientemente en la entrevista de TCS que la extradición de los 17 militares que están siendo reclamados por un tribunal español ya no procede, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la denegó en mayo de 2011.
“Si alguien emite una difusión roja hacia El Salvador es con la finalidad de que se extradite lo que están pidiendo y si eso ya fue decidido con anterioridad por la Corte en 2012, no le veo sentido, porque también hay que ser claro en este país, hay un Estado de Derecho, en este país, hay principios constitucionales que se tienen que respetar”, dijo Valdivieso.
Agregó que “no estoy entrando a juzgar el hecho ilícito, creo que fue una torpeza, creo que fue repudiable y condenable, estamos analizando lo que de conformidad al Derecho debe de hacerse, aquí hay derechos constitucionales”.
Recordó que la Constitución establece: “Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, es un derecho constitucional, yo defiendo principios no personas”.
Para el general y diputado por ARENA Mauricio Vargas, “es insólito que una persona sea juzgada dos veces por la misma causa desde la perspectiva de nuestro quehacer jurídico interno y no desde el punto vista internacional”.
También Vargas trajo a cuenta la aplicación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz y que permitió que dos militares condenados fueran exonerados de los cargos penales y quedaran en libertad.
Sin embargo, Benjamín Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, consideró que el proceso en cuestión fue “fraudulento”, porque los militares que aceptaron haberle disparado a las víctimas fueron declarados inocentes.
Agregó que uno de los militares fue condenado por haber asesinado a una de las empleadas sin haber entrado al lugar de los asesinatos. “Eso es fraude, había un arreglo en el cual iban a salir condenados solo algunos y que después iban a salir libres por la amnistía”, dijo Cuéllar, quien aseguró que los fiscales del caso denunciaron en su momento que había presiones para que investigaran de forma fraudulenta.
Vargas recordó a Cuéllar que la UCA debió haber velado por un proceso judicial transparente si consideraban que pudo haberse realizado un juicio fraudulento.
Por su parte, el canciller Hugo Martínez dijo que el juez español alega que la Sala de lo Constitucional varió la jurisprudencia con respecto a la difusión roja al resolver diferente el caso de un costarricense.