La Sala de lo Constitucional anunció, este lunes, la admisión de la demanda de inconstitucionalidad de la nueva ley de Probidad, la cual fue aprobada con votos del FMLN, GANA y PCN el 16 de diciembre recién pasado y sancionada de manera exprés por el presidente de la República, Sánchez Cerén, el 23 de ese mismo mes.
[6-2016] Sala admite demanda de inconstitucionalidad y suspende entrada en vigencia de Ley de Probidad https://t.co/sPeiFmQ0bA
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) enero 11, 2016
Al conocer de la sanción de esta ley, la cual se mantuvo en secreto por Casa Presidencial hasta la primera semana de enero, las organizaciones de sociedad civil agrupadas en el Equipo Gestor de la Ley de Probidad presentaron una demanda, pues, la ley quita las herramientas para investigar y sancionar enriquecimiento ilícito, entorpece el proceso de enjuiciamiento y le resta funciones de control a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.
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Pero, ¿qué significa “probidad”?
Según el diccionario, probidad se define como ”moralidad, integridad y honradez”. En la función pública se entiende como que un funcionario utilice su influencia y los recursos que le son asignados para beneficio de la población y el cumplimiento de la misión que conlleva su cargo, sin buscar beneficios particulares o privilegios fuera de la ley.
Entonces ¿por qué debería importarte que exista una buena ley de probidad en El Salvador? Aquí te explicamos:
1. Desincentiva la corrupción
En países con recursos limitados como el nuestro, el desvío de fondos públicos o el tráfico de influencias llevan a ofrecer servicios públicos deficientes, que generalmente terminan afectando a los salvadoreños con menores recursos y favoreciendo a unos pocos que intercambian favores. Con una fuerte Ley de Probidad se fortalece el combate a estos delitos y se pone una barrera más a la corrupción.
2. Mayor control del patrimonio
Una buena ley permite conocer y comparar el patrimonio de los funcionarios antes de tomar el cargo, durante y en los años posteriores a dejar la posición. Esto evita la costumbre de supuestos servidores públicos que asumen el poder sin nada y salen enriquecidos.
3. Confianza en el sistema
Con leyes sólidas y una institucionalidad que persiga la corrupción, un país tiende a confiar más en sus funcionarios, pues los resultados de sus decisiones se traducen en obras de calidad para la población. Con esto, se reduce la inestabilidad social y los acercamientos entre sociedad civil y gobierno son más profundos y productivos.
4. Se empodera a la sección de probidad
Una buena ley logra poco sin instituciones que la hagan ejecutar y cumplir. En El Salvador se ha hablado de la amplia existencia de corrupción pero muy pocas veces estas sospechas han llevado a condena. A partir de la nueva conformación de la Corte Plena en el Organismo Judicial, gran parte de los magistrados ha dado su apoyo al fortalecimiento de la labor de la Sección de Probidad, encargada de prevenir, detectar y combatir el enriquecimiento ilícito. Si se le llegan a quitar funciones, la Sección de Probidad perdería gran parte del apoyo que vuelve posible su función.
5. Se hace claro el rol del funcionario
Si se vigila constantemente el patrimonio de los servidores públicos, se manda un mensaje claro: estos no son autónomos y su labor depende en todo momento de la supervisión de los ciudadanos, cuyo bienestar es el objetivo del poder.
La razón de ser del Estado no es darle beneficios particulares a quienes trabajan para él, y con efectivas leyes de control esto se puede hacer cumplir.
En un país con una ley de probidad sólida, el combate a la corrupción es firme y sin compadrazgos. En un país con una ley sin dientes, se vuelve atractivo el enriquecimiento ilícito, pues es poco probable que este tipo de delitos sea investigado, juzgado y corregido.