Además de que reciben un servicio médico menos eficiente que con la aseguradora que la Asamblea Legislativa contrataba hace un par de años, los empleados pagan más por el deducible del seguro médico que los diputados cada vez que hacen uso de esta prestación, denuncia Luis Ortega, secretario general del sindicato legislativo.
Los trabajadores tienen que cancelar el 15 % por el deducible y los diputados el 10 %, lo cual Ortega considera “injusto”, ya que los legisladores ganan más que los empleados.
“Es incorrecto e injusto que los diputados que tienen mejores condiciones en su salario, en sus prestaciones, y creo que no es correcto que nosotros los trabajadores estemos pagando más que un diputado, debería al menos equilibrarse la situación. Si ellos pagan el 10 % cuando utilizan el servicio de salud, debería ser que nosotros también paguemos ese 10 %”, afirmó Ortega.
Lo anterior fue confirmado por los diputados directivos Santiago Flores, del FMLN, y Norman Quijano, de ARENA; sin embargo, cuando se le consultó a la diputada efemelenista, Jackeline Rivera, dijo desconocer esa información.
“Esos son otros temas de la discusión”, manifestó Flores cuando se le preguntó por qué los diputados cancelan menos en concepto de deducible que los trabajadores por el seguro médico.
“Usted está llamando si es justo o no, yo he vigilado porque a ellos (los trabajadores) los atiendan (dentro del servicio que ofrece el seguro); hasta este momento yo no he utilizado el seguro en los años que estoy acá”, aseguró.
El argumento de Flores para defender la diferencia entre lo que pagan los empleados y los legisladores es que hay trabajadores que son familiares de dirigentes de partidos políticos que rebasan el límite de la atención que la Asamblea ofrece de manera privada y que son personas que tienen capacidad económica para pagar sus servicios médicos.
“He visto trabajadores y diputados de otros partidos sobrepasando los niveles (de atención), son cuestiones administrativas que hay que revisarlas”, justificó.
Pero para Quijano debería de ser “equitativo” el pago de este servicio. “Nosotros pagamos 10 %, los empleados también deberán pagar 10 %, o 15 % todos; a veces uno no penetra en las interioridades de este tipo de póliza”, reflexionó.
El contrato del seguro médico fue firmado fuera de tiempo por la Junta Directiva y contratado de forma directa y con un excedente de $800 mil más de lo que la Asamblea había dispuesto en el presupuesto de 2016.
Según el plan de gastos aprobado para el funcionamiento del Congreso de este año, el seguro médico se debió contratar por $5.7 millones, pero al final los diputados lo hicieron por $6.7 millones.
La directiva, con excepción de legisladores de ARENA y el PCN, no lo firmaron.
El gasto excesivo en esta prestación que la Asamblea brinda a sus empleados también ha llevado a evaluar otras alternativas en la Junta Directiva para que los trabajadores tengan una atención en salud de manera especializada.
Flores explicó que es una propuesta de la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, “para no estar negociando altos montos” y que lo están evaluando, y que se trata de contratar servicios médicos proporcionados por el Gobierno, similar al que se utiliza con los maestros en Bienestar Magisterial.
El directivo David Reyes, de ARENA, mencionó que una de esas instituciones podría ser el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Sin embargo, para Flores no necesariamente será con el ISSS. “Lo que hemos dicho es que el sistema que Bienestar Magisterial ha implementado ha logrado tener menos costos y garantizar su trabajo con los servicios que ha tenido el Estado, menos costo, atención buena y hay que desarrollarlo”, explicó Flores.
Quijano, por su parte, dijo que si con esa medida de “ajustarse el cinturón” se lograba reducir el gasto legislativo estarían en la disposición de apoyar, aunque lamentó que no siempre hay votos.
“En muchas de esas decisiones los diputados nos quedamos solos”, dijo y trajo a cuenta que la petición de reducir de 14 a seis los miembros de la directiva solo causó “risa” el jueves entre los directivos.
Ortega dijo que si la Directiva optaba por cambiar el seguro médico privado que ahora reciben y pasarlo a uno en manos del Estado, o restringir el servicio médico, tendrían en el sindicato su mayor oposición.
Al respecto, Jackeline Rivera dijo que tenían conocimiento de trabajadores que estaban haciendo un mal uso del servicio médico.
Pero Ortega expresó que de todos es sabido que el Seguro Social no es una institución que garantiza la salud de sus cotizantes y recriminó que les estén cortando los beneficios médicos.
“Si ellos tienen pruebas y tienen casos de algunos empleados que no hacen buen uso del seguro que se hagan las investigaciones respectivas de esos empleados, que se les restringa a esos empleados, pero no por un empleado que comete un error vamos a castigar al 100 % de los empleados de la institución”, manifestó Ortega.