La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable a El Salvador, de daños a la integridad física y sicológica del salvadoreño José Agapito Ruano Torres, al ser capturado, procesado de forma irregular y condenado a 15 años de prisión por el delito de secuestro e indemnizar a la familia ofendida por los daños ocasionados.
El tribunal internacional también demandó del Estado salvadoreño, anular y limpiar el récord delictivo en contra de Ruano Torres de los registros policiales, fiscales y tribunales de justicia.
En el año 2000, el aparataje del Estado, en este caso: Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República coincidieron en que el joven Ruano Torres, era la persona quien había secuestrado a un empresario del transporte público.
El joven, en ese entonces de 23 años, fue detenido por un grupo de policías antisecuestros tras derribar la puerta de su casa, la madrugada del 17 de agosto de 2000.
A partir de ese momento comenzó todo un proceso de tortura para que confesara ser uno de los secuestradores del transportista, hecho ocurrido un día antes de su captura.
El principal acusador de José fue uno de los plagiarios, quien fue dejado libre a cambio de entregar a los integrantes de la banda de secuestradores, a la que la Policía denominó, “Los Guaza”.
Según las autoridades el testigo mencionó el apodo de “Chopo” como uno de los implicados en el plagio que se registró en agosto de 2000, un sobrenombre que no correspondía a José Agapito y que para su aceptación, comprobó con una certificación, que el alcalde de Guazapa entregó y que ahora los mismos vecinos siguen ratificando en el cantón Nance Verde de Guazapa, de donde es originario.
El problema que se presentó y que las autoridades no quisieron reconocer en su momento, aparentemente para que no se les cayera el caso, fue que “El Chopo” tenía parentesco con Agapito y además parecido físico.
El verdadero “El Chopo” era el sobrenombre de su hermano, Rodolfo Ruano Torres, quien tampoco había participado en el plagio.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a José Agapito, su hermano acudió al juicio para aclarar la situación del “Chopo” al tiempo que reconoció que se trataba de su apodo y no de quien estaban confinando, pero los jueces no le creyeron.
Varias semanas antes del juicio, en un escrito presentado por algunos parientes al tribunal, aclaraban que en Guazapa al único que apodaba “El Chopo” era a Rodolfo Ruano Torres y que en caso de ser cierto lo que se decía en el proceso judicial, sobre el secuestro, a quien debieron capturar y enjuiciar era a Rodolfo y no José Agapito.
También la Fiscalía basó su acusación en el dicho de la víctima quien afirmó a los jueces que reconoció al acusado no durante su secuestro o cautiverio, sino porque lo vio en la televisión, tras ser exhibido a los periodistas.
De ahí que Agapito estuvo preso por un apodo que nunca tuvo; por un hecho en el que no participó y porque, una vez arrestado, las autoridades se negaron a escucharlo.
Su familia no descarta que la captura ilegal de José Agapito pudo estar dirigida por un policía con quien los Ruano Torres tenían viejas rencillas surgidas desde la niñez y que el agente nunca olvidó.
La familia sostuvo que los investigadores entraron de golpe y porrazo a la casa el día de la captura y preguntaron por “El Chopo”, más no escucharon las explicaciones que Agapito y su mujer les intentaron dar.
Recuerdan que luego de ese momento, vino todo un plan de brutalidades e ilegalidades de la Policía, que se tradujeron en fuertes golpes hasta reventarle el dedo de un pie y de casi morir ahorcado aquella madrugada.
A partir de ese 17 de agosto, la familia comenzó a luchar para demostrar la inocencia del detenido pero todo parecía estar cuesta arriba, porque ni siquiera los abogados defensores, nombrados por la Procuraduría General de la República, ejercieron el derecho de defensa que constitucionalmente les correspondía dar.
Al contrario, los defensores públicos se plegaron a los lineamientos y acusaciones de los fiscales del caso y los policías; al formar un solo frente de acusación, que no terminó hasta verlo preso.
Estos abogados llegaron al extremo de decirle a José Agapito el día del juicio, que se quedara callado que no dijera nada cuando los jueces le hicieran efectivo el derecho a la última palabra, casi al final del juicio.
José Agapito creyendo que era la mejor alternativa, hizo caso y no se pronunció en contra de su condena.
A pesar de haber sido sentenciado, la lucha por hacer entender al tribunal el error que habían cometido fue en vano.
Al grado que ni por recomendación de la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Segundo de Sentencia quiso, el 2 de septiembre de 2014, reconocer su error y anular su sentencia, sino que en clara revancha, confirmaron su sentencia, a menos de un año de terminarla.
Pero un pariente de Agapito – se interesó en el proceso y nunca se dio por vencido- a pesar de que el 5 de octubre de 2001, cuando se leía la sentencia condenaría contra Agapito, se cerraba toda posibilidad de que saliera libre.
El familiar, sin ser abogado, acudió a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para denunciar este flagrante violación de los derechos fundamentales del ser humano, y pidió su auxilio el 12 de diciembre de 2003.
No fue fácil, hubo que esperar cinco años para que el recurso fuera admitido, el 17 de octubre de 2008.
Cinco años más tarde, el 4 de noviembre de 2013, la CIDH aprobó el informe de fondo, tras una minuciosa investigación del caso.
Al tiempo que hizo una serie de conclusiones y recomendaciones al Estado, como dejar en completa libertad a José Agapito, anular su sentencia y todo récord delictivo, pero estas no fueron cumplidas.
El 5 de octubre de 2015, la CIDH resolvió que el Estado cometió irregularidades en el proceso que se siguió contra él.
Además, ordenó que se indemnice con la suma de 2 millones 965 mil dólares a José Agapito Ruano Torres, a su esposa, dos hijos, su abogado, así como 4 mil 555 dólares por los costos del proceso. El Estado se comprometió a reparar los daños ocasionados a José Agapito y pagar la indemnización que fue indicada por la CIDH.
José Agapito quien estuvo en la audiencia en San José, Costa Rica, en octubre del año pasado, asegura que sintió gran satisfacción por la manera transparente en que el tribunal internacional procedió.
“Por mucho tiempo me denigraron, me pisotearon y me vieron como delincuente, ahora el Estado debe eliminar mi registro delictivo, mi sentencia, a pesar de que ya la cumplí, pero al sacar antecedentes penales, me aparecería y eso es lo que pido al tribunal reparar”, concluyó.
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