Con el argumento jurídico que “no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo delito” y que la justicia salvadoreña ya se pronunció al respecto en dos ocasiones en torno al caso Jesuitas, abogados de varios militares recurrieron ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un escrito y evitar posibles arbitrariedades (detenciones) por parte de las autoridades salvadoreñas.
Lisandro Quintanilla y Carlos Segovia, defensores de 13 de los 17 reclamados por España, se presentaron a la Sala de lo Constitucional para interponer sendos recursos de hábeas corpus.
El hábeas corpus o exhibición de la persona es una protección constitucional que se le da a una persona que es ilegalmente detenida o pende sobre ella una amenaza de detención.
Los militares son reclamados por el juez español Eloy Velasco, quien los vincula con la autoría intelectual del asesinato de seis jesuitas y sus dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 1989.
Quintanilla explicó que con la orden de captura, España estaría violando la Ley Orgánica del Poder Judicial español, la cual limita la persecución de los delitos de lesa humanidad por parte de los tribunales de la Audiencia Nacional de ese país europeo.
Además, se estarían infringiendo el tratado de extradición que El Salvador ha suscrito con el Reino de España y la Ley de Amnistía salvadoreña que protege a los militares, emitida después de la guerra, en 1993. También, hay una prescripción o caducidad del tiempo establecido para procesar y enjuiciar por este hecho, ocurrido hace 26 años.
La Corte en Pleno ha negado dos veces a Velasco las peticiones para realizar el juicio contra los 17 militares señalados.
Los magistrados de la CSJ fundamentaron el rechazo en que el caso ya había sido juzgado dos veces. Justificaron también que los militares no podían ser extraditados, porque la medida estaba vigente cuando fue cometido el crimen, pero en 2000 se reformó. En junio de 2010, el máximo tribunal rechazó entregarle al Juzgado Central de Instrucción de Madrid el expediente del caso que había sido ventilado en el Juzgado Cuarto de lo Penal (ahora Cuarto de Instrucción).
La Corte dijo que los militares ya habían sido juzgados bajo las leyes salvadoreñas, y que dos militares fueron condenados y el resto exonerados de los cargos señalados.
Dos años después, el máximo tribunal volvió a rechazar la extradición.
Captura sería arbitraria
“Hay un tema también de seguridad jurídica: deben respetarse las decisiones que han sido tomadas por la Corte Plena al respecto”, destacó por su parte Carlos Segovia.
Pese al reclamo del juez español, la Policía salvadoreña se ha abstenido de capturar a los militares, arguyendo que no sabe qué hacer.
“Aquí la discusión no es si puede o no puede la Policía efectuar las capturas, obviamente, a la luz del marco normativo es posible que esas capturas se puedan dar, lo que sucede es que la Policía debe plantearse la siguiente pregunta: ¿Para qué voy a capturar?”, manifestó Quintanilla.
Agregó que si la captura busca la extradición, ese es un tema que la Corte en Pleno resolvió en mayo de 2012, cuando fue denegado el proceso, por lo tanto considera que la petición es una “reiteración totalmente arbitraria”.
El abogado argumentó que aunque España conoce el marco normativo de El Salvador, que impide la extradición de los militares, la difusión roja y la orden de captura en contra de los 17 militares involucrados en el caso Jesuitas, es una burla a la jurisdicción de El Salvador.