Los abogados defensores del expresidente Francisco Flores consideraron que con la resolución del Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, en la que manda a juicio al exmandatario y le cambia el arresto domiciliar, busca convertirse en “un candidato potable” para Fiscal General.
Ante la interrogante de los periodistas de que lo resuelto por el juez García en contra del expresidente Flores le podría dar más protagonismo al juez García Argüello para aspirar al cargo de Fiscal General, Edgar Morales Joya aseguró que “evidentemente, ahora se ha convertido en un candidato potable, llamémole así definitivamente, ni siquiera tuvo alguna decisión en contra de los planteamientos que hizo la Defensa”.
Agregó que “se ha limitado a decir, aquí hay, aquí hay, y ni siquiera hizo alguna contra argumentación…..el juez ha llenado unas expectativas que muchos….”.
Sin entrar a hacer comentarios de que si el proceso judicial tiene tinte político, Morales Joya sostuvo que representantes de partidos políticos han dicho que el proceso contra el expresidente Flores está siendo “observado”, y que “iban a depender de la resolución de este juicio, algunas situaciones, eso lo han dicho algunos representantes de partidos políticos en la prensa”.
También cuestionó que el juez García lo haya enviado a las bartolinas policiales de la DAN, “simple y sencillamente es una decisión de quererlo mandarlo a la cárcel nada más”, y sostuvo que no existe justificación razonable.
Aseguraron que el juez García actuó de forma arbitraria al atribuirle el delito de lavado de dinero de forma sorpresiva, cuando “los jueces saben que no pueden haber acusaciones sorpresivas, de ese quinto delito que él se inventa, ahora no hay siquiera acusación”.
La defensora Yanira Ticas aseguró que el juez no les dio la oportunidad de presentar los argumentos de defensa y “hasta hoy se está pronunciando y sin fundamento alguno le esta atribuyéndole el cometimiento de lavado de activos”, dijo Ticas.
Explicó que el juez García tuvo la oportunidad en la audiencia preliminar de advertir de la probable existencia de lavado de dinero para que tuvieran el tiempo suficiente y preparar la defensa del nuevo delito, lo que violenta el derecho de defensa.