El Coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde-Alac), Roberto Burgos, hace una evaluación del estado de la transparencia en el país; y cree que la institución que sigue reacia a dar información es la Presidencia de la República.
Como coordinador de Alac de FUNDE ¿cómo evalúa el avance del país en materia de transparencia en este año 2015? Hemos logrado observar desde la Funde como Transparencia Internacional aquí en El Salvador podemos ver cómo ha habido cambios positivos en al menos dos instituciones específicas: una, en la Asamblea Legislativa, con la salida del expresidente, el exdiputado Sigfrido Reyes, tenemos que reconocer que ha habido una apertura mayor al momento de reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a reconocer datos en poder de la Asamblea.
¿Cuál es la otra institución?
Otra institución que permitiría afirmar en este momento que ha habido un avance en materia de transparencia tenemos que reconocer que lo ha habido en instituciones como el Ministerio de Salud que nos ha dado información muy importante. Se ha observado un cambio sustancial como el de la Asamblea Legislativa.
¿Qué aspectos negativos han detectado en las autoridades públicas? ¿Hay más resistencia a entregar información?
Uno de los fenómenos en los que tendría que insistir como un aspecto negativo es la forma en la cual desde el gobierno central, y recordemos que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) está vigente desde mayo de 2012, se sigue identificado al peticionario de información como un opositor político, como un enemigo de la administración y eso envía un mensaje a los ciudadanos que todavía no es seguro pedir información. Hay empleados públicos que tienen miedo de revelar su identidad al momento de aportar información a la Alac.
¿Cuáles son las instituciones más reacias a entregar información?
Además de estas falencia que todavía hay en el sistema de acceso a la información pública, habría que hacer referencia a algunas instituciones que siguen siendo reacias a revelar información que podríamos llamar políticamente sensible, una es la Presidencia de la República, que es el centro de poder de este país, pero también hay otras instituciones como las Fuerzas Armadas. En el Ministerio de la Defensa Nacional ha habido un retroceso en el acceso a la información pública sobre todo cuando esta se refiere a casos de derechos humanos del pasado.
También hemos enfrentado limitantes en su momento en la misma Corte Suprema de Justicia, y hemos tenido que recurrir los abogados de la Alac al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que ordene que se entreguen datos como las auditorías a las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes.
Los integrantes del Grupo Promotor de la Ley critican al IAIP porque hay fallos en contra del acceso a la información, entre ellos algunos relacionados con la gestión del expresidente Funes, quien fue el que nombró a los comisionados de ese Instituto. Claro, son los menos. Hay que decir que en algunos casos de gran relevancia, las valoraciones del IAIP no han sido compartidas con la sociedad civil más organizada en todo esto. Lo importante es que lo que establece la LAIP, que cuando existe una controversia entre un desacuerdo entre un ciudadano y la autoridad obligada a brindar información decidirá el Instituto, nos permite contar con una garantía institucional que se nos escuchará en otra instancia y que serán valoradas pruebas adicionales u otros argumentos que los ciudadanos tengamos para que se nos brinde el acceso a la información. En casos como los viajes presidenciales, de publicidad, gastos protocolarios para los visitantes, se sigue manteniendo una gran reserva.
¿Cómo ha sido la relación entre información de calidad con respecto a la información de cantidad?
Ha habido avances. Sigue prevaleciendo la cantidad sobre la calidad, porque particularmente eso sucede en esta oficina, en la de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde, porque es más fácil para una estudiante o una persona que trabaja en su hogar pedir información municipal o sobre algunos datos que algunas veces ya están disponibles en los sitios virtuales.
¿Cuáles son los casos emblemáticos en que se ha permitido el acceso a la información en 2015?
Hemos tenido casos que para mí han sido muy importantes. Algunos han sido asesorados desde la Alac de Funde, en otras hemos participado directamente los abogados y en otras los ciudadanos y medios de comunicación. Uno ha sido la de algunos ciudadanos como el abogado que pidió las primeras declaraciones patrimoniales de expresidentes.
¿Cuáles son los retos para 2016? Uno de los grandes retos es la desclasificación de la información reservada. En el caso de la Presidencia, se logró desclasificar, al menos parcialmente.