Previo a la semana por la Transparencia y lucha contra la corrupción que se desarrollará en nuestro país, Jaime Campos, comisionado del IAIP, habla con El Diario de Hoy sobre el rol que ha jugado esta entidad y sobre los avances en materia de transparencia y de rendición de cuentas en el país, pero también habla de algunas resistencias. Asegura que uno de los logros importantes del IAIP es ordenar a la Corte Suprema de Justicia, poner a disposición de los ciudadanos, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, que ha comenzado a destapar algunos casos de posible enriquecimiento ilícito.
EDH: ¿Cómo ve el rol del Instituto en el tema de la transparencia, sobre todo porque ha sido una pieza importante para conocer información que ha estado resguardada?
Yo creo que el Instituto de Información Pública se ha convertido y es una pieza clave, más no la única, para que en nuestro país tengamos un mejor y fortalecido Estado de Derecho, así como en materia de transparencia y acceso a la información pública y probidad se hayan dado pasos significativos.
Con esto lo que afirmo es que el Instituto está cumpliendo, a mi juicio, con su deber en cuanto a abrir la información que durante mucho tiempo había permanecido en secreto por las diferentes instituciones del Estado y que esto empuja para que la ciudadanía se empodere y pueda realizar un efectivo control social o escrutinio público a los funcionarios.
Un ejemplo de esto y una de las más significativas y relevantes resoluciones que ha dictado el Instituto tiene relación con haberle ordenado a la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sección de Probidad, que entregase a cualquier persona las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios, algo que desde la creación misma de la sección de Probidad y con la ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos que data de 1959, había permanecido bajo el absoluto manto de secreto en nuestro país; y hoy hemos visto como esa institucionalidad está funcionando porque los dos primeros casos que hemos llegado a conocer en la opinión pública, relacionados a presunto enriquecimiento ilícito, ha sido a partir de que las declaraciones de probidad y el examen que realiza dicha sección a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, ahora es pública.
EDH: ¿Cree que esa resolución que dictaron es un parteaguas, de cara a que se puedan ir conociendo otros casos importantes como los que ya se han conocido?
Sin duda alguna es un parteaguas, es definitivamente un hito que marca un antes y un después en la historia de la administración pública de nuestro país, que no solamente ha permitido que los funcionarios públicos, hoy en día, estén más sujetos al escrutinio ciudadano, sino también porque ha servido para que instituciones que habían permanecido bajo la absoluta pasividad comiencen a realizar la labor que por ley les había sido encomendada, como es el caso de la Sección de Probidad.
Desde luego, hay que decirlo también, con la Ley de Acceso a la Información Pública no solamente se permite tener una luz sobre aquellos rincones oscuros y de opacidad que han existido en nuestro país; por que, si bien es cierto que ha ayudado o puede ayudar a desvelar escándalos de corrupción, hay que decir que la Ley de Acceso a la Información Pública también permite a la población llegar a conocer información de beneficio social, no únicamente de casos de corrupción.
EDH: ¿Qué escollos han pasado durante este tiempo, sobre todo, con casos significativos para darlos a conocer y que la población conozca la información en la que ustedes han influido para que salga a la luz?
Puedo identificar, en primer lugar, una resistencia de muchos funcionarios o servidores públicos en cuanto a denegar la entrega de información cuando es solicitada por un particular. Hay que hacer entender que con la Ley de Acceso a la Información Pública estamos preocupados, especialmente por cambiar una cultura de opacidad por una de mayor transparencia.
Una de las resistencias u obstáculos que hemos tenido a lo largo de los más de dos años y medio de gestión del Instituto es que muchos funcionarios todavía se creen que son los dueños de la información cuando ellos simplemente la administran y la información pública pertenece a la población.
Un segundo obstáculo es que existe, a mi juicio, un abuso por parte de muchos titulares de instituciones del Estado en declarar información reservada cuando no reúne los parámetros para tenerla como tal. En ese sentido, desde el Instituto hemos abogado por aplicar el principio de máxima publicidad. Un ejemplo de esto es con la Corte de Cuentas de la República en la que prácticamente había reservado todo lo relacionado a las auditorías o a los exámenes especiales que esta realiza y en el Instituto, por ejemplo en el caso de El Chaparral, ordenó que se desclasificara esta información y que se entregara al ciudadano que la solicitó.
Hemos tenido de manera particular con algunas instituciones, como el caso de la Fiscalía General, una reiterada negativa de entregar información bajo el argumento de ser reservada y el Instituto también le ha ordenado a la Fiscalía en muchos casos, que se revele la información que es pública.
Y a nivel más institucional yo sostengo que uno de los obstáculos que hemos tenido es cierta permisividad por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de admitir demandas presentadas por algunos funcionarios públicos que tratan de ocultar la información.
La información tiene que ser entregada a la población de una manera oportuna y rápida. Y judicializar los casos, sin duda alguna, es un grave obstáculo que observamos en nuestra actividad y es debido a una permisividad por parte de la Sala de lo Contencioso, a la que yo le pido tener criterios más restrictivos, si es que va a admitir demandas de funcionarios, porque en definitiva la información es un derecho que le pertenece a la ciudadanía.
EDH: Ante esto que menciona, ¿cree que el Instituto tiene los suficientes dientes como para hacer valer el derecho de la población de conocer información que está resguardada?
Nosotros trabajamos en una doble línea. En primer lugar trabajamos por sensibilizar a los funcionarios de que la información no les pertenece, si no que pertenece a la población; en definitiva es la ciudadanía la dueña de la información pública. Y la otra línea de trabajo en la que nos enfocamos es en empoderar a la población para hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública.