El impuesto del 5 % a la telefonía para planes de seguridad ya tiene cinco demandas en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmó este miércoles el magistrado Florentín Meléndez.
Dentro de estas demandas hay una que pide la suspensión del pago del tributo especial.
De acuerdo con Meléndez, otra de ellas planteaba que se dictara únicamente una medida cautelar (una restricción) antes de admitirla, pero fue rechazada por criterio de la Sala.
Por su parte, el magistrado Rodolfo González afirmó que de las demandas presentadas, solo se ha analizado una, que es la más depurada, pero que todavía no tienen un borrador para agendarla, aunque podría resolverse este mes, ya que el tema sigue en estudio.
Para que esta demanda pueda ser resuelta, de acuerdo con el magistrado, se necesitan los votos de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero hasta el momento no se ha alcanzado la mayoría, debido que existen posiciones que siguen en análisis.
González añadió que los demandantes argumentan que el tributo es inconstitucional porque no puede estar en una norma inferior, sino en una ley.
El impuesto de telefonía, que ya se encuentra vigente, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 29 de octubre y grava con 5 % a los usuarios del servicio de telecomunicaciones.
Esta aprobación se llevó a cabo con los votos de los partidos FMLN, GANA y algunos diputados del PCN, a pesar que Arena y organizaciones como la ANEP Y Fusades hicieron un llamado al gobierno para que en lugar del impuesto hubiese una reducción al gasto estatal.
Ante las empresas telefónicas que realizan un cobro extra a la población, el magistrado González señaló que el tema está en análisis en la Sala y que la legislación ya prevé la forma de imponer a las empresas multas o sanciones por el incumplimiento de la ley.
Además, dijo que se estudia si la manera de realizar el cobro se puede establecer en instructivos aprobados por el Ministerio de Hacienda o si la ley quedó corta, con la manera de realizar este proceso.
Resolución de bonos
Florentín Meléndez afirmó también que la Sala ya tienen un borrador de la sentencia de la resolución sobre emisión de bonos por $900 millones y los resultados pueden conocerse antes que termine el año. “Ninguna presión va a mover a la Sala de lo Constitucional para resolver en uno u otro sentido. Nosotros estamos claros y firmes de cuál es nuestro papel. Tenemos que resolver de acuerdo a la constitución”, concluyó.