“Decirles que no hay presunción (de enriquecimiento ilícito) es casi como proteger la corrupción”. Así definió el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, el acuerdo de un grupo de diputados de eliminar la figura de la presunción del enriquecimiento ilícito del proyecto de la nueva ley de Probidad e impedir a a dicha sección dirigir los resultados de investigaciones a la Corte Suprema de Justicia.
Para Jaime, se podría interpretar que los diputados están queriendo restar funciones a la sección de Probidad porque consideran una revancha los casos que la sección ha sacado a la luz, y defiende que las funciones de esa dependencia de la Corte únicamente ha establecido indicios del delito pero no han realizado procesos sancionatorios.
El también magistrado Florentín Meléndez aseveró que los 15 magistrados de la Corte en Pleno saben que deben ser respetuosos con los derechos de los funcionarios, pero que también se tiene que prevalecer el interés público de que se ejerza con probidad la función pública en el país.
“Ningún funcionario debe tener miedo y el que tiene miedo es que algo teme. No hay cacería de brujas, no vamos a permitir que haya persecución de nadie independientemente el color partidario. Estamos tratando de fortalecer la sección de Probidad y no es una cuestión de la Sala de lo Constitucional, esto no es de cuatro magistrados, esto es de 15 magistrados que estamos al unísono queriéndole responder al país ”, dijo.
Por su parte, Rodolfo González reiteró que las atribuciones de la sección de Probidad no están en ninguna ley, sino en la Constitución y solo podrían hacerse si se llegara a reformar la Carta Magna.
“Es la Constitución la que dice que se presume enriquecimiento ilícito cuando el patrimonio de salida de un funcionario es desproporcionadamente superior al de entrada y que no se puede justificar por los ingresos lícitos que tiene el funcionario”, explicó.
En ese sentido, asegura que la sección de Probidad delegada por la Corte Plena está ejerciendo las atribuciones que le da la Constitución y si viniera una ley a quitarle estas competencias a cualquiera de las dos instancias, eso puede ser sujeto de control de la Sala de lo Constitucional.
Cuestionan a diputados
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), ambas integrantes del Grupo Gestor de la Ley de Probidad Pública, también cuestionaron que al proyecto de la nueva legislación se le hayan “limado los dientes”.
Roberto Rubio, director de Funde, afirmó que hay unos diputados que están tratando de quitarle fuerza a la ley.
“Creo que algunos están asustados por el noble y correcto desempeño que está teniendo la Corte y Probidad, asustados de que haga lo que tiene que hacer, que es realmente exigir las declaraciones de patrimonio y hacer un examen a las mismas, y cuando hay suficientes datos, solicitar un juicio. Imagino que los que tienen algo que ocultar o temer están en un esfuerzo por limitar o restringen la ley de Probidad y le quiten dientes”, manifestó.
Javier Castro, director del Departamento de Asuntos Legales (DEL) de Fusades, también expresó su preocupación por lo que se ha restado a la ley, al inicio del estudio de la misma.
“Por las señales de lo que hemos visto llegamos a la conclusión que lo que se quiere es minimizar la ley de Probidad para que no moleste a nadie y creemos que eso es muy grave, y lo que nosotros estamos esperando por parte de la sociedad civil es que se apruebe una ley con herramientas efectivas y una ley que funcione. No queremos una ley que llene el requisito de que tenemos una ley y que no cumpla las expectativas que tenemos”, apuntó.
Reacciones encontradas
Jackeline Rivera, diputada del FMLN, tildó de “irresponsables” las críticas de los magistrados por haber suprimido el artículo que trata sobre la presunción del enriquecimiento ilícito, y defendió que en ningún momento se está violando la Constitución.
René Portillo Cuadra, legislador de ARENA, coincidió con los cuestionamientos de los magistrados. A su criterio, eliminar el contenido de ese artículo es “evadir la ley” y pasar por alto que la razón del mismo es cumplir con lo que dicta el artículo 240 de la Constitución.
Antonio Almendáriz, del PCN, dice que se vertieron conceptos equivocados en la Comisión de Legislación y que por eso ellos plantearon que se dejara como está en la Constitución o se eliminara.