En momentos en que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha destapado importantes casos de presunto enriquecimiento ilícito de exfuncionarios y tiene bajo la lupa a tres expresidentes y otros 16 funcionarios, diputados a la Asamblea Legislativa buscan a toda a prisa aprobar reformas que neutralicen estos esfuerzos contra la corrupción.
Legisladores que trabajan en el proyecto de la nueva Ley de Probidad anunciaron que la aprobarían en la plenaria de hoy, ante lo cual se han levantado las voces de varias organizaciones sociales que advierten que se opondrán a cualquier enmienda que entorpezca los esfuerzos de la Corte Suprema contra la corrupción en el Estado.
Por las investigaciones de la sección de Probidad, la Corte Suprema en pleno ha enviado a juicio al diputado Reynaldo López Cardoza y al exdirector del Seguro Social en el gobierno de Mauricio Funes, Leonel Flores, bajo cargos de presunto enriquecimiento ilícito por poseer bienes y cuentas abultadas que no han justificado debidamente.
Probidad tiene otros 19 casos bajo investigación, entre los cuales sobresalen los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, así como el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
Saca perteneció al partido ARENA, al igual que Flores, en tanto que Funes era del oficialista FMLN, de la misma manera que Reyes.
La comisión de diputados que prepara la nueva ley de Probidad ha propuesto tres cambios que neutralizarían la lucha anticorrupción de la Corte Suprema: quieren que no se pueda presumir que un funcionario se ha enriquecido ilícitamente; pretenden que los resultados de las investigaciones ya no se eleven a la Corte en pleno sino a la Sala de lo Civil y que no se abran juicios, sino que los casos se envíen a la Fiscalía General a empapelarse o archivarse.
La oposición ha denunciado que curiosamente el FMLN y los otros partidos afines han propuesto que los casos sean dirimidos sólo por la Sala de lo Civil, uno de cuyos tres integrantes es Ovidio Bonilla, quien fue impulsado como efímero presidente de la Corte en 2012 precisamente por el oficialismo y sus grupos afines.
El Equipo Gestor de la Ley de Probidad, el conglomerado de organizaciones sociales que trabajó inicialmente en la reforma, advirtió a través de un comunicado que “esperamos que no se quiera sorprender a la ciudadanía, aprobando una ley con deficiencias, aprovechando el receso por Navidad y fin de año”.
Añaden que estarán “vigilantes ante cualquier intento por contrariar el texto de la Constitución de la República o por hacer retroceder los avances en materia de probidad, lo cual debe ser duramente rechazado por toda la población salvadoreña”.
Las organizaciones de la sociedad civil rechazaron la intención de los diputados de trasladar las funciones de la Corte en pleno del tema anticorrupción a la Sala de lo Civil de la que es miembro Bonilla.
Entre los organismos que firman el documento figuran Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Funde-Transparencia Internacional, Fusades, ANEP, Universidad Francisco Gavidia, Centro de Estudios Jurídicos, y otras.
Las organizaciones sociales reprochan a los diputados que quieran cambiar figuras y conceptos que están establecidos en la Constitución, como el que da pie a iniciar investigaciones cuando se presuma que un funcionario está enriqueciéndose ilícitamente, o que le traslade a la Sala de lo Civil funciones que son de la Corte en pleno.
La bancada legislativa de ARENA decidió ayer retirarse de la discusión de la ley de Probidad, pues los diputados René Portillo Cuadra y Alejandrina Castro dejaron entrever que no quieren ser cómplices en aprobar una ley que sería “tapadera de la corrupción”. (Ver nota aparte).
Y esto se debe a que algunos artículos claves de dos anteproyectos que ahorita discuten los diputados de la Comisión de Legislación han sido omitidos o reformados para cumplir las expectativas de algunos partidos que, como el FMLN, sólo buscan una ley “hecha a su medida”, cuestionó Portillo Cuadra, algo que cuestiona también el Equipo Gestor de la ley.
El más polémico de ellos es la supresión del artículo en el que se contemplaba la “presunción de enriquecimiento ilícito”, apartado que el Equipo Gestor de la ley había redactado de que se “presume enriquecimiento ilícito sin justa causa, cuando el aumento del patrimonio o el nivel de gastos del sujeto obligado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa legal…”.
Los diputados hicieron un híbrido con el proyecto del equipo técnico de la Asamblea y el presentado por el Equipo Gestor. Hasta ayer habían sido redactados 35 artículos de 63 que tienen los proyectos. Hoy por la mañana seguirán el estudio, porque la idea es aprobar la ley hoy.