No pasar de largo los cuestionamientos que organizaciones de la sociedad civil y la oposición política han hecho a la nueva Ley de Probidad, planteó ayer la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte.
“La ley de Probidad que se aprobó en la Asamblea (el miércoles pasado), quien tiene que hacer el juicio es el pueblo salvadoreño; sin embargo, notamos que el Grupo Gestor, que comprende una amplia gama de gente de varias ideologías, tienen reservas acerca de dicha ley”, afirmó la embajadora durante un evento de prevención de la violencia realizado por la Policía en Ciudad Delgado.
Aponte también destacó la labor que ha venido realizando la Sección de Probidad en el combate a la corrupción aun con la aplicación de la Ley de enriquecimiento ilícito que data de 1959 y dijo que espera que continúe igual con la nueva Ley de Probidad.
“Lo importante es señalar que en los meses recientes la Sección de Probidad del Tribunal Supremo ha hecho algunos adelantos que es combatir la corrupción; esperamos que con la nueva ley se pueda seguir este muy buen trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo y en específico la Sección de Probidad”, acotó.
A esta unidad de la Corte Suprema es que la nueva ley le resta facultades aun cuando el FMLN y sus partidos aliados rechazan que no es así.
Además, los partidos políticos, a excepción de ARENA, hacen caso omiso de las críticas del colectivo que aglutina a varios organismos de la sociedad civil, quienes subrayan que la nueva Ley de Probidad es un “fraude” a la Constitución y piden al presidente Salvador Sánchez Cerén que vete la normativa.
No descartan que el próximo año interpondrán un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y ayer otras voces se expresaron también en ese mismo sentido. Analistas políticos dijeron, durante una entrevista matutina en canal 21 que la ley es “inconstitucional” (Ver nota aparte).
Entre los aspectos más cuestionados por el Equipo Gestor es el hecho de que la Sección de Probidad ya no tenga las mismas facultades que tenía en la Ley de enriquecimiento ilícito de iniciar los juicios por presunción de que exista corrupción y que sea la Corte Plena quien decida si los envía a la Fiscalía o no sino que ahora será potestad de la Sala de lo Civil.
Para ello se basan, al igual que los analistas políticos, en lo que dicta el inciso tercero del artículo 240 de la Constitución que dice que la “Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración…”.
Pero el FMLN defiende que en la nueva ley se le dan amplias facultades a la Sección de Probidad, ya que no sólo sustanciará los casos sino que impondrá las multas también, y que podrá enviar los informes a la Corte Plena.
Pero para las organizaciones civiles el no dejar plasmado en la ley que será la Corte en Pleno la que remitirá los casos a la Fiscalía es un “fraude” a la Constitución, pues la decisión es de los 15 magistrados de la Corte y no sólo con tres o cuatro de la Sala de lo Civil.
Al respecto, el Coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde-Alac), Roberto Burgos, explicó que en la ley se debe dejar establecido no sólo un Estado constitucional de derecho, sino también un concepto de legitimidad.
“Con el caso de las investigaciones que inician apenas por presunto enriquecimiento ilícito de (Reynaldo) Cardoza y del ISSS (Leonel Flores), tenía un alto grado de legitimidad porque había sido avalado por los 15 magistrados de la CSJ”, expresó Burgos.
Otro punto que lamentó es que en la ley se elimina la oportunidad de que cualquier ciudadano denuncie a un funcionario público por posible apropiación de fondos, con sólo presentar denuncia firmada por un abogado. Dijo que en la ley vigente sí está.