El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) no respondió en 2015 a dos casos que saltaron a la palestra pública y que fueron cuestionados por ir contra la ética pública: la compra de terrenos por parte de la empresa del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y el nombramiento de tres familiares que hiciera el alcalde Nayib Bukele, en la comuna capitalina.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), representante del capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional, cuestionó el papel de esta institución ante estos y otros casos, los cuales, añade, quedaron sin respuesta al clamor de la ciudadanía.
Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de la Funde, aseveró que pese a que en el 2015 se han conocido casos surgidos por la vía del acceso a la información como son las declaraciones patrimoniales de funcionarios, o por la vía de la publicación de investigaciones periodísticas, esto no ha llamado la atención del TEG.
“Los ciudadanos demandamos más intervención del Tribunal de Ética, que hagan uso de la ley con la que cuentan, que se les permita abrir expediente de oficio, no tienen que esperar la denuncia ciudadana y no pueden esperar que los ciudadanos que hacemos uso del TEG tengamos más pruebas de las que ya aportan las investigaciones periodísticas, precisamente por eso se hacen las denuncias”, aseguró.
En 2012, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Ética Gubernamental (LEG) que facultan al Tribunal para iniciar investigaciones de oficio; sin embargo, ningún caso que ha tenido notoriedad pública en este año, ha salido a la luz bajo esta vía, sino por denuncias.
“Jamás ha llamado la atención del Tribunal de Ética como para poder iniciar una investigación de oficio, ya no digamos las investigaciones periodísticas que han revelado una serie de arbitrariedades en el ejercicio de funciones discrecionales o funciones institucionales que lamentablemente no han tenido impacto en el TEG”, manifestó Burgos.
Uno de los casos en que se demandó públicamente la intervención del Tribunal fue a inicios de 2015 cuando se conoció sobre la adquisición de varios lotes por casi medio millón de dólares al Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) por parte del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, el efemelenista Sigfrido Reyes.
Reyes, junto a su exasesor legislativo y socio en la empresa Terrein, S.A. de C.V., Byron Larrazábal, se hicieron de 5 lotes en Greenside Santa Elena, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad. La compra la hizo en efectivo y en $190 mil menos que el costo oficial estipulado por Ipsfa.
Aunque el caso surgió tras una investigación periodística, no fue hasta que dos diputados de ARENA denunciaron y pidieron que se evaluara la actuación de Reyes. Pero en marzo de 2015, el TEG resolvió “sin lugar” la petición, argumentando que la Ley de Ética vigente no los faculta para “salvaguardar el patrimonio del Estado”.
Solo una integrante del Tribunal, Giovanna Vega, votó parcialmente. Contrario a sus cuatro colegas restantes, la abogada consideró que se debió abrir un proceso para investigar la relación laboral entre Reyes y Larrazábal.
Burgos incluso recordó la resolución que dio el Tribunal cuando la Asamblea Legislativa, mientras Reyes la presidía, compró regalos costosos y obras de arte, justificó ese accionar bajo leyes antiguas.
Pero el TEG también ha tardado en resolver en otros casos como el del alcalde de San Salvador, quien colocó a tres de sus parientes (hermano, primo y cuñada) en cargos de dirección en dicha comuna, y que tras las críticas, justificó que eran cargos ad honorem.
El caso, que está en estudio desde hace 6 meses y el TEG aún no resuelve, fue denunciado en su momento ante dicho Tribunal por dos concejales por el partido ARENA.
También hay casos sospechosos de enriquecimiento ilícito y que ya están en etapa de juicio, como es el del diputado Reynaldo López Cardoza y el del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, de los que aún no se sabe si el TEG les abrió expediente sobre ellos.
TEG dice se ciñe a la ley
Marcel Orestes Posada, presidente del TEG, reitera ante las preguntas planteadas y críticas desde la Funde-Alac, Fusades y ANEP a los resultados de ciertas investigaciones que: “aunque la infracción parezca antiética, si no está señalada como tal en la ley no podemos sancionar”.
El funcionario señala que si las faltas señaladas no se encuentran en los artículos 5 o 6 de la LEG, nada pueden hacer.
“No podemos decir: ah, como a nosotros eso nos parece que es antiético, tal y tal cosa, esa expresión es imposible usarla. Aquí juzgamos de acuerdo con la ley no con lo que a mi me lata qué, por más que a mí me parezca que es de alguna manera y no está en la ley perfilado el caso como que compete a nosotros, no podemos hacerlo”, agregó.
Asegura que las personas se confunden cuando les exigen que investiguen a funcionarios por uso de fondos privados y públicos, y que para ello están instituciones como la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República, respectivamente.
“El TEG tiene que actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco de sus atribuciones, de tal manera que si no está el tipo contenido en la ley no podemos porque es delimitado el campo”, se defiende el funcionario.
Ante eso, Posada insiste en la importancia de hacer nuevas reformas a la ley. Además aseveró que tienen inconvenientes por el poco personal.
Para Burgos no se trata de leyes ni de más recursos: “El Tribunal de Ética no necesita una nueva ley, no necesita más recursos. Lo que necesita son miembros del pleno, valientes y comprometidos con la ética pública que estén dispuestos a dar el ejemplo y a sentar precedente que sirvan de disuasivo a los malos funcionarios que siguen comportándose de una manera poco decorosa poco responsable, ilegal en algunos casos y muy en conflicto con la probidad y los deberes que el artículo 5 de la LEG contempla”, acotó.