Han pasado tres años desde que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador giró la orden de captura por estafa contra Gerardo Enrique Osegueda Gine, representante del asocio Temporal CPK Consultores S. A. de C.V. -Borelli & Merigo Arquitectura y Urbanismo, en el proyecto Reconstrucción de Hospitales y Extensión de Servicios de Salud (Rhessa).
Rhessa consistía en la reconstrucción, equipamiento y otros programas en siete hospitales que quedaron dañados tras los terremotos de 2001, parte de ellos, el hospital de Santa Teresa, en Zacatecoluca, La Paz.
Sobre Osegueda pesan dos proceso judiciales. El primero por la estafa de $3 millones en perjuicio del Ministerio de Salud, como parte del proyecto antes mencionado. Y el segundo, que comenzó en junio de 2012, también por estafa a la aseguradora de un banco, por $2.8 millones. Ninguno de los procesos se ha llevado a cabo.
La audiencia inicial del primero fue realizada en abril de 2011, en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. En ella, el imputado no estuvo presente por encontrarse fuera del país.
Desde entonces, Osegueda fue declarado prófugo de la justicia. Luego, el caso pasó al Juzgado Segundo de Instrucción, el cual giró la orden de captura y el 7 de mayo de 2012, se emitió la solicitud de extradición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras ser localizado en Madrid, España.
“Solicítese a España la extradición del imputado Gerardo Enrique Osegueda Gine, a quien se le atribuye en calidad de autor directo de los ilícitos penales. Solicítese a la Corte Suprema de Justicia conforme en cumplimiento a lo establecido en el artículo 182 de la Constitución haga la petición de extradición e infórmese a la oficina central de Interpol sobre la extradición ordenada”, cita documento en poder de El Diario de Hoy.
Además, en el mismo se especifica que la Interpol de España informó que el imputado fue localizado en Madrid efectuando trámites en una oficina de pasaportes, también que contaba con el número de teléfono para ser localizado, para lo cual solicitaban información de la coordinación y extradición por los canales de la vía diplomática.
Segunda orden de extradición El 14 de junio de 2012, la Fiscalía General solicitó al Juzgado Segundo de Instrucción el trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la segunda orden de extradición de Osegueda, ya que hasta ese momento el proceso no se había realizado.
El 18 de abril de 2013 Osegueda estaba en libertad condicional a cargo del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de Madrid.
Mientras que en agosto de 2014, la Cámara Segundo de lo Penal de España ya había autorizado su extradición, pero las autoridades salvadoreñas señalaron que no habían sido notificadas sobre el proceso, por lo tanto no se había iniciado su extradición.
Sin embargo, aunque a mediados de septiembre de ese año la Fiscalía informó que la extradición del representante de CPK ya estaba aprobada, también mencionó que Osegueda se había escapado de las autoridades españolas.Por lo tanto, hasta la fecha está vigente la orden de captura del imputado por parte de Interpol de España.
De acuerdo al informe del proceso de extradición de la CSJ al que El Diario de Hoy tuvo acceso, la remisión de solicitud de extradición fue aprobada por la misma Corte el 30 de abril de 2013.
En el documento se detalla que la última resolución de Corte Plena sobre el caso de Osegueda fue adoptada el 26 de agosto de 2014, y que esta se refiere a la recepción de documentos procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España, para el proceso de extradición del imputado.
Además, en ella se comunica que las autoridades españolas accedieron a la petición efectuada. “En tal resolución se dispuso el traslado de la documentación al Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador”, concluye el informe.
La estafa al Estado El proyecto bajo el cual trabajó Osegueda Gine y otros 14 implicados consistía en la reconstrucción, equipamiento y otros programas en siete hospitales que quedaron dañados luego de los terremotos de 2001.
El contrato de préstamos del Banco Mundial para echar a andar Rhessa fue suscrito el 11 de enero de 2002 y aprobado el 3 de junio de 2003 por la Asamblea Legislativa.
El proyecto comprendía $169.4 millones con una contraparte del Gobierno salvadoreño por $26.8 millones para recuperar esa infraestructura hospitalaria.
De esta cantidad, $127 millones estaban destinados a la construcción de los hospitales, cuyo trabajo tendrían que haber finalizado el 30 de abril de 2007, plazo que había sido asignado por el banco; sin embargo, para esa fecha ninguno de los hospitales estaba concluido.
Solo para la reconstrucción del hospital de Santa Teresa se había acordado un desembolso de 10 millones 494 mil 10 dólares, pero el presupuesto aumentó a 12 millones 291 dólares, debido a variación de precios en materiales como cemento y hierro.
El asocio temporal encargado del trabajo de reconstrucción, según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, supuestamente hizo malversación de fondos, en incluso, habría presentado copias de comprobantes de crédito fiscal con datos falsos para cobrar estimaciones al Ministerio de Salud por trabajos no hechos.
