El partido GANA mantendrá su iniciativa calificada de “mordaza” que ha pasado a estudio de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Mientras, el PCN, del que dos diputados apoyaron el dictamen con la reforma, buscaría que sus seis diputados no den su voto para avalar dicha medida, pues consideran que va en contra de la libertad de expresión, según declaró su secretario general, Manuel Rodríguez.
La propuesta de GANA fue introducida directamente al pleno legislativo previo a la aprobación de los impuestos del 5 % a quienes generen ganancias arriba de los $500 mil al año y del 5 % a los usuarios de la telefonía, tras una larga jornada de debates.
GANA solicitó que fuera discutida inmediatamente la propuesta pero luego desistió en su intención.
Ayer, el secretario general del partido naranja, Andrés Rovira, afirmó que esta pieza seguirá el curso en la comisión, donde “dependerá de los diputados” si votan a favor o en contra de ella.
Asimismo, negó que el propósito de la misma sea evitar que los medios informen sino “tratar que sean un tanto más responsables las publicaciones que se hacen”.
“En ningún momento se está pretendiendo que se vaya a coartar la libertad de expresión, sino que ser un tanto más responsables con lo que se publica”, alegó Rovira.
Cuando se le preguntó si esta propuesta para reformar los artículos de delitos contra el honor surgían de las publicaciones de declaraciones patrimoniales de al menos tres diputados de GANA, Rovira dijo que no se refería a ninguna publicación en especial, sino que surgió de la “búsqueda de responsabilidad”.
Por su parte, Rodríguez manifestó que pedirán a los seis diputados pecenistas que no apoyen ni voten las reformas, que ARENA cuestionó porque a su juicio busca restringir la libertad de expresión.
“Nosotros solicitamos a los diputados que no apoyaran esa propuesta. Si usted se dio cuenta le dieron lectura y habían solicitado dispensa de trámite, como se dieron cuenta que no tenían los votos (suficientes), que solo tenían 42, ellos retiraron la propuesta y (dejaron que) se siguiera el trámite normal que llevaba a la comisión. Nosotros hemos hablado con los compañeros y les estamos solicitado que mantengamos la posición de respeto a la libertad de expresión y esa es la posición”, manifestó Rodríguez.
Sin embargo, no será hasta mañana que el partido sostenga una reunión con el Consejo Ejecutivo para dejar firme esa posición.
Rodríguez considera que esta iniciativa surge del malestar que tienen varios diputados por las publicaciones de sus declaraciones patrimoniales presentadas ante Probidad.
“Entendemos que hay malestar por parte de los diputados por la forma como la prensa los ha tratado. No es tanto lo que han sacado, sino en la forma como lo han sacado. Las declaraciones de Probidad en alguna medida han sido revisadas por la sección de Probidad, ellos tienen todos los elementos, ellos ven todos los incrementos de patrimonio y están viendo también todas las justificaciones que tienen”, afirmó.
Rodríguez añadió que no se oponen a que la Corte Suprema de Justicia realice su labor, a través de la sección de Probidad, así como el resto de instituciones que pueden fiscalizar a los funcionarios públicos; sin embargo, consideró que el dar a conocer la información financiera, con la actual situación de inseguridad, se vuelve negativo.
“No nos oponemos al proceso de investigación que hace la CSJ pero sí creemos que esos señalamientos que se están haciendo, en alguna medida, atenta contra la seguridad de cada uno de los diputados que aparecen”, apuntó.
Diferentes medios de comunicación han dado a conocer los informes de bienes de siete funcionarios, seis de ellos diputados, en donde se refleja ingresos elevados en diferentes.
Se trata de los diputados Guillermo Gallegos, Rigoberto Soto y Jesús Grande, de GANA; Carlos Reyes, de ARENA; Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del FMLN; así como Francisco Merino y Reynaldo López Cardoza, del PCN.
De todos ellos, López Cardoza se ha convertido en el primero en este año que la Corte en Pleno ordenó a la Cámara Segunda de lo Civil abrirle juicio por presunto enriquecimiento ilícito.
Asimismo, remitió a la Fiscalía General la certificación del informe de auditoría para que investigue y promueva las acciones penales correspondientes. La Fiscalía confirmó que le ha abierto el proceso pero aún no presenta la acusación formal ante la Cámara de lo Penal respectiva.
El jefe de Probidad, Carlos Pineda, confirmó que analizan en total 13 informes de bienes de funcionarios.