Unos días después de que el diputado Mario Tenorio, de GANA, intentara que el pleno aprobara reformas al Código Penal para aplicar lo que organizaciones como Fusades, Funde y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) califican de “ley mordaza”, su colega Guillermo Gallegos, dijo que le darán mayor análisis a la propuesta.
La moción de GANA pretende que delitos contra el honor, calumnia, difamación e injuria sean castigados con cárcel de uno a ocho años.
Así como seguir el proceso penal respectivo, aún cuando el derecho de rectificación y respuesta se haya cumplido.
“La calumnia realizada con publicidad o cuando fuere reiterada contra una misma persona será sancionada con pena de prisión de tres a cinco años. Si las calumnias reiteradas se realizaren con publicidad, la sanción será de cinco a ocho años de prisión”, reza la modificación al artículo 177 del Código Penal propuesta por GANA el jueves pasado.
Incluso, Tenorio buscó casi al final de la plenaria de ese día que se aprobara con dispensa de trámite (sin pasar a estudio de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales), pero los diputados de la bancada del PCN se levantaron de sus curules, por lo que la pieza fue retirada de la agenda.
Ante las críticas de que se trata de reformas que intentan acallar a los medios de comunicación, Gallegos aseveró ayer que la propuesta no lleva dedicatoria ni para los medios de comunicación ni para los periodistas. Matizó que busca frenar las calumnias que se dan entre partidos en periodos electorales.
“La propuesta no dice para los medios de comunicación y periodistas, la ley es general, pero pretendemos nosotros que en el país, durante las campañas políticas se dan una serie de campañas sucias, de desprestigio, de calumnias de parte de otros partidos y queremos anticiparnos a que esto ya no suceda”, afirmó.
Sin embargo, al ser consultado de que la moción podría dejar de lado a los medios de comunicación tal como lo han sugerido Funde y Fusades, Gallegos insistió en que algunas veces las publicaciones periodísticas pueden incurrir en difamación y calumnia.
“Hay que tener cuidado en no traspasar esa línea imaginaria entre la información y la difamación, de hecho ya es un delito, lo único que es por vía multas. Deberían tener más cuidado al hacer las notas”, subrayó Gallegos.
Lorena Peña, del FMLN, dijo que no han analizado la propuesta, y descartó que sea una venganza por las recientes publicaciones periodísticas de declaraciones patrimoniales de diputados. “¿Usted cree que tenemos algo de que vengarnos?. Yo no tengo de que vengarme y no acostumbro a vengarme”, afirmó.