Más allá de las ventajas que conlleva la aplicación de la Ley de Firma Electrónica, la FundaciónSalvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ve clave crear marcos legales complementarios en materia de comercio electrónico y protección de datos personales para mejorar los estándares de país relacionados con trámites comerciales y gubernamentales.
En este sentido el tanque de pensamiento, en su último análisis hecho por su departamento de estudios legales, reconoce que la ley, aprobada el 1 de octubre anterior por la Asamblea Legislativa, es un paso fundamental para dar validez legal a los documentos digitales que sean suscritos con firma electrónica.
No obstante, para ampliar su margen de acción, también urgen a reformar la Ley de Notariado, para abarcar su uso en aspectos jurídicos.
“Para lograr estos objetivos no basta con que se haya aprobado la Ley de Firma Electrónica, es importante que los particulares se motiven a utilizar la firma electrónica en sus transacciones pero que se aprueben reformas a legislaciones complementarias para tener más robustez al respecto”, indicó Fusades.
Por ello la institución consideró que el primer paso que se debe de dar con esta normativa es la implementación de un gobierno electrónico, el cual permita “reconocer” el derecho ciudadano a relacionarse por medios electrónicos con la administración pública, lo cual permitirá a mejorar la información y los servicios ofrecidos a la ciudadanía con eficiencia y eficacia de la gestión pública.
“Las relaciones gobierno-ciudadano con una firma electrónica pueden abaratar los costos y el tiempo de los ciudadanos, esto abona en el proceso de desburocratización del Estado, lo cual le da al país avances en términos de competitividad y se eliminan procesos innecesarios”, enfatiza.
Por otra parte, ante estas circunstancias, la recomendación que hace la institución es la de ejecutar un plan nacional de implementación progresiva en el uso de la firma electrónica a fin de “consolidarla” para ofrecer mejoras en los servicios públicos, optimizar el gasto del Estado e incrementar los niveles de transparencia.
Hay que aclarar que la firma electrónica simple (que tradicionalmente se ha usado en documentos digitalizados) permite la identificación del firmante mientras que la firma certificada requiere de la participación de un tercero (una empresa certificadora) que verifica la identidad del signatario y la integridad del contenido del mensaje.
“Estamos convencidos que la firma electrónica simple debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica mientras que la firma certificada genera los mismos efectos probatorios que la firma normal (autógrafa) y su autoría no puede ser repudiada por quien la certificó”, valora Fusades.
Esta institución además considera importante que la Ley de Firma Electrónica aprobada en el Congreso cumple los estándares internacionales fijados en convenciones de las Naciones Unidas, lo cual favorecerá los documentos provenientes del extranjero, sobre todo transacciones comerciales, porque les dará validez y reconocimiento de ley.
¿Y en notariado?
Fusades reconoce que cuando un ciudadano tenga que firmar un contrato o un acto que se asiente en escritura pública, no podrá utilizar la firma electrónica, ya que no se ha reformado la Ley de Notariado que regula estos procedimientos legales.
“Consideramos que es un error pensar que la Ley de Firma Electrónica hará innecesario el tener que acudir ante un notario, el ordenamiento legal reconoce escrituras públicas en papel de protocolo, actas notariales en papel común y la legalización de firmas en escritos”, puntualiza y recomienda iniciar pronto esta discusión para apoyar todas las operaciones notariales.
Por último Fusades aplaude que la ley le de la responsabilidad al Ministerio de Economía las tareas de control, acreditación y supervisión de las empresas que certificarán la firma de los ciudadanos, dado que ya tiene cierta experiencia con el sistema de subsidio al gas que utiliza sistemas similares de seguridad a los que se plantean para la firma electrónica como los protocolos con la banca para el reintegro de dicho beneficio.
La Ley de Firma Electrónica entrará en vigencia de forma práctica hasta en abril de 2016 luego que se definan sus normas técnicas.