Una mezcla de temor y frustración se percibe en familiares de 14 personas asesinadas por supuestos grupos de exterminio que suelen llegar a las casas de sus víctimas vociferando y simulando ser policías y que dicen llevar órdenes de captura o que buscan armas en las casas de sus objetivos.
Las víctimas no sólo han sido pandilleros, sino también personas que aparentemente no tenían nada que ver con estos grupos. Un buen número de ellos eran adolescentes.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, ha dicho que no descartan la existencia de grupos de exterminio, mismos que serían castigados con todo el rigor de la ley al ser descubiertos.
Pero hasta la fecha ningún caso cuyas víctimas fueron sacadas de sus casas por sus verdugos que dicen ser policías y fingir operativos, ha sido investigado y los responsables llevados ante la justicia.
Parientes de víctimas de masacres o sobrevivientes de éstas, dicen que no esperan justicia terrenal, afirmación que parece derivar del temor a exigir justicia o que se investiguen los casos.
“Se lo dejamos todo a Dios”, dijo a El Diario de Hoy, Felipa, una mujer a quien la noche del 11 de octubre, un grupo armado le sacó de su casa a uno de sus hijos y luego lo mataron, a pocos metros de su casa, en el cantón Cerro Pando, municipio de Meanguera, al norte del departamento de Morazán.
Y no falta razón para esa frustración. Las familias de víctimas de supuestos grupos de exterminio afirman que más allá de recoger los cadáveres, los casquillos de las balas que usaron los asesinos y decir que las víctimas tenían vínculos con tal o cual pandilla, la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no han avanzado en las investigaciones de varios casos, entre estos, cinco ocurridos entre el 10 de julio y el 21 de octubre, en los que fueron asesinadas 14 personas.
El Diario de Hoy tomó, al azar, cinco casos de asesinatos múltiples, cometidos en los últimos cuatro meses, para investigar la posible autoría de grupos de exterminio en diferentes lugares. La investigación arroja que es muy remota la posibilidad de que los verdugos de esas 14 personas pudieran ser pandilleros rivales al grupo criminal que controla los territorios donde cometieron los asesinatos.
Los cinco hechos fueron cometidos en territorios donde opera la mara Salvatrucha (MS-13). La posibilidad de que pandilleros rivales invadieran esa área era casi nula. Incluso, parientes de las víctimas descartan esa posibilidad.
Los escenarios de esas ejecuciones o de donde sacaron a las víctimas de sus casas fueron el cantón Soledad, municipio de San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán; la comunidad Ciudad Romero, cantón El Zamorán, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután; y el caserío La Ladrillera, cantón Cerro Pando, municipio de Meanguera, norte del departamento de Morazán.
En el último caso, registrado el 21 de octubre, fuentes policiales y fiscales indicaron a EDH que el asesinato de cuatro personas, que fueron sacadas de sus viviendas la noche del 20 de octubre en San Rafael Cedros y El Rosario, departamento de Cuscatlán, no coincidía con el típico modo de operar de grupos de pandillas.
En río revuelto…
De acuerdo con la escueta información oficial sobre esos casos y a una indagación de EDH, la mayoría de víctimas estaba vinculada a la MS; aunque familiares cercanos de los asesinados niegan tales vinculaciones. Pocos lo aceptaron.
Entre los cinco casos investigados por El Diario de Hoy, existen fuertes indicios de que una o dos de las 14 víctimas podrían haber sido asesinada por equivocación.
Este es el caso de Erick Geovany S., de 17 años, que vivía en la comunidad Ciudad Romero, del cantón El Zamorán, municipio de Jiquilisco, Usulután.
De acuerdo con el abuelo de la víctima, eran las 6:30 de la mañana cuando tres jóvenes armados, supuestamente miembros de maras residentes en Ciudad Romero, eran perseguidos por hombres vestidos con ropas similares a las que usan los militares y policías.
Uno de los perseguidos, José Antonio C., de 17 años, se quedó agazapado en una pared de la casa donde vivían Donato Santos y su nieto. El uniformado se introdujo al inmueble y al ver al joven armado, le disparó, matándolo de inmediato.
Erick Geovany estaba en la cocina, tomando café con pan a manera de desayuno, relata el abuelo, cuando el uniformado lo observó, también le disparó varias veces.
“Mi nieto no debía nada. El se había levantado temprano, como siempre lo hacía, para cocinar el café y desayunar”, indicó el abuelo.
Tres mujeres ejecutadas
Minutos después de que mataran a José Antonio y a Erick Geovany, en la misma comunidad Romero varios hombres armados irrumpieron en la casa de Yancy del Rosario C., de 16 años.
Ubaldo Cortez, padre de la adolescente, solo recuerda que le ordenaron tenderse en el piso, boca abajo, luego escuchó varios disparos. Al levantarse, vio a su hija muerta en la cama. Era su única compañía.
La joven había dejado de estudiar so pretexto de que le dolía mucho la cabeza. Ubaldo dice que nunca vio ninguna señal que le indicara que su hija estaba ligada a grupos de maras.
Desde el 10 de julio, Donato y Ubaldo viven solos; un grupo de desconocidos les mató al nieto y a la hija.
Cinco días después, en el mismo cantón El Zamorán, pero en la comunidad El Cedro, dos mujeres y un hombre fueron ejecutados a las 3:00 de la mañana del 15 de julio.
El grupo de asesinos llegó primero donde Franklin Alberto García Cruz, de 30 años.
Llegaron gritando que eran policías. Al abrir la puerta de la champa de lámina, varios hombres vestidos como policías y con rostros cubiertos le dijeron al hombre que querían hablar con él.
En el mismo corredor lo pusieron boca abajo y le dispararon varias veces. Su mujer y los dos niños de no más de cinco años no quisieron abrir la puerta. A los pocos minutos escucharon otra balacera. Era en la casa de las hermanas Doris Alicia y Maribel del Carmen Reyes, de 22 y 19 años.
Con ellas estaba Luis, hermano menor de ambas quien relata que tocaron la puerta y dijeron que eran policías , que buscarían armas en la casa.
Cuando abrieron, varios hombres vestidos como policías y con los rostros cubiertos obligaron a los tres tenderse boca abajo. Dispararon a las dos mujeres. A Luis Alonso ni siquiera lo golpearon.
“Yo las invitaba a la iglesia. Ellas me decían que yo viviera mi vida y que las dejara a ella en la suya. Yo miraba que solo hablando por teléfono pasaban pero no sé en qué andaban”, dijo.
Cerro Pando
El 11 de octubre, en el cantón Cerro Pando, municipio de Meanguera, poco antes de las 11:00 de la noche, Elías Isaac Quevedo Argueta y Manuel de Jesús Ramírez, de 22 y 27 años, fueron sacados de sus viviendas, en presencia de sus familias.
A las madres les dijeron que eran policías y que sólo necesitaban a sus hijos para interrogarlos, que los fueran a buscar a la delegación policial de San Francisco Gotera.
Felipa Argueta, madre de Elías Isaac, dice que se volvió a encerrar, pero a los pocos minutos, se oyeron varios balazos. Los dos jóvenes habían sido asesinados.
La casa donde vivía Elías Isaac está en un lugar recóndito por lo cual los vecinos consideran imposible que miembros de pandillas rivales hayan sabido dónde vivía.
Vecinos del lugar y fuentes policiales vincularon a los dos jóvenes como simpatizantes de la mara Salvatrucha, pero Felipa explica que su hijo era un muchacho trabajador, que la mayor distracción de su muchacho era ir a ver televisión a una casa (porque ellos no tienen) después de que regresaba, a las 2:00 de la tarde, de trabajar en los terrenos de su familia.
De la misma manera
El común denominador de los casos investigados por El Diario de Hoy es que los victimarios llegaron directamente hasta las víctimas vistiendo ropas oscuras, similares a las que usa la Policía.
“Yo no pude ver si andaban las insignias, solo vi que andaban como policías, con botas de policías, porque no nos dejaron encender todas las luces”, afirmó el padre de Carlos Eleázar Ch. M., de 17 años, sacado de su vivienda el 20 de octubre y hallado asesinado horas después en una calle próxima al lugar conocido como Finca La Paz, a varios kilómetros de distancia de su domicilio.
Otra constante de estos hechos es que en ninguno de los casos investigados por EDH, instituciones del Estado se han acercado a los sobrevivientes para entrevistarlos como parte de las investigaciones para determinar la posible actividad de grupos de exterminio.
En todos los casos mencionados, los parientes de los ejecutados dijeron que ni la Policía, ni la Fiscalía o Procuraduría de Derechos Humanos se han acercado a ellos, por lo que deducen que tales ejecuciones no son investigadas por el Estado.
Hay un solo caso, en el que la Procuraduría de Derechos Humanos ha abierto una investigación; sin embargo, no fue de oficio sino porque la madre de uno de los asesinados denunció a varios policías por el acoso que sufría su familia (Ver: PDDH indaga a policías por asesinatos múltiples en Cojutepeque).
De acuerdo con el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, esa institución investiga seis casos de posibles ejecuciones arbitrarias con fines de limpieza social por parte de supuestos grupos de exterminio.
Entre esos casos están el asesinato de seis personas cuyos cuerpos aparecieron en el lugar conocido como Finca La Paz, el 26 de agosto y el 21 de octubre.
Otros dos casos investigados por la PDDH son la masacre de siete hombres en Jucuarán, y de otros tres en el cantón San Hilario, municipio de Jiquilisco, Usulután.
Ambos hechos fueron cometidos en la madrugada del 10 de mayo, sacando de sus casas a las víctimas.