Cobrar el impuesto del 5% en los servicios telefónicos en este momento sería ilegal, según explicó ayer un abogado constitucionalista. Ya que la ley que dio vida a ese cobro aún no se ha impreso, por lo cual legalmente hablando aún no se debe aplicar.
Ayer viernes circuló en redes sociales y algunos medios de comunicación que el impuesto de 5% para financiar la seguridad ya estaba vigente y empezaría a cobrarse.
Esto en base a que la ley que dio vida al impuesto, se mandó a imprimir en la edición del 5 de noviembre del Diario Oficial. El decreto daba ocho días para su entrada en vigencia, es decir, el 13 de noviembre.
Sin embargo el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, fue claro al expresar que en realidad no hay fecha definida para empezar a cobrar a los salvadoreños.
El abogado explicó que una ley solo se puede aplicar hasta que ha sido impresa y conocida por la población. El diario oficial del 5 de noviembre ni siquiera ha salido de la imprenta. “Si en estos momento lo cobran, en mi opinión al menos, es ilegal e inconstitucional. Los clientes lo que deberían hacer es pedirles la constancia de que se lo han retenido y luego ir a pedir la devolución”, expresó Anaya.
Además añadió que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya fue clara en que una ley solo esta vigente si ha circulado en papel, independiente de la fecha en que programen su publicación.
¿Para cuándo?
Con una breve llamada a la Imprenta Nacional se confirmó que el impuesto del 5% aún no ha sido publicado.
“Para eso mejor llame dentro de dos semanas y media”, respondió la recepcionista cuando se le preguntó por la publicación del impuesto.
Además explicó que la imprenta aún esta trabajando en publicar el diario oficial del 15 de octubre.
Aún no hay fecha exacta para que el impuesto se publique y empiece a cobrarse.
Por otro lado, los operadores telefónicos pidieron al Presidente de la República que el impuesto sea retrasado cuatro meses.
En una carta que enviaron como Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) explicaron al mandatario que necesitan tiempo para saber cómo hacer el cobro de forma correcta.
También necesitan tiempo para informar a todos sus clientes sobre los cambios que tendrán en las facturas debido a este impuesto.
Las empresas además añadieron preocupación por sus clientes, especialmente entidades de Gobierno, alcaldías y pequeñas empresas que no tienen ingresos suficientes para pagar este aumento imprevisto en sus gastos.
Rechazan el impuesto
Desde que se anunció la intención de crear un nuevo impuesto para pagar los planes de seguridad del Gobierno diferentes organizaciones han expresado su abierto rechazo a la medida.
El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa Privada de El Salvador (Conapes) rechazó en un comunicado el impuesto por ser “una carga impositiva grosera y dañina para la población al incrementar el costo de vida en un país en crisis”. La gremial añadió que la seguridad es una responsabilidad del Estado.
Casatel además expresó que un impuesto de este tipo frena las inversiones que hacen las empresas en desarrollar el mercado de la telefonía.
Esto es crítico pues, según la gremial de telefonía, el país se encuentra en la necesidad de renovar sus redes para dar un mejor servicio a los usuarios.
El martes 10 de noviembre, el abogado Enrique Anaya pidió a la CSJ que suspenda el impuesto por ser inconstitucional y dañar el bolsillo de los salvadoreños.
El viernes aún esperaba respuesta para conocer si el cobro sería suspendido. Si la corte atiende su petición, presentará además una demanda de inconstitucionalidad contra el impuesto.
Este abogado cree que el Gobierno se escudaría en que el impuesto estaba programado para publicarse el 5 de noviembre para ordenar su cobro lo más pronto posible.
El impuesto se cobrará en las facturas por llamadas, servicio de internet y televisión por cable, además de las compras de aparatos móviles.
Afán por cobrar rápido
No es la primera vez que el Gobierno trata de aplicar un impuesto lo más pronto posible, sin dar tiempo a que las empresas encargadas de cobrarlo sepan siquiera cómo hacerlo.
En septiembre de 2014 entró en vigencia el impuesto a las operaciones financieras, el cual es cobrado por los bancos privados.
Sin embargo los bancos no tuvieron tiempo para adaptar sus sistemas y hacer el cobro de forma digital. Tampoco habían recibido los manuales que indicaban cómo cobrar.