Con el rostro inicialmente cubierto y bien escoltado por un grupo de policías, Andrés Ricardo Ortiz Lara fue llevado al Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán para responder por las acusaciones de perpetrar un ciberataque contra el sitio web del periódico La Prensa Gráfica.
Ortiz Lara fue acusado formalmente de los delitos de falsedad material (falsificación), violación a distintivos comerciales y violación a derechos de autor y derechos conexos, con penas que sumadas pueden alcanzar los 14 años de cárcel, según se explicó.
El ultimo delito que se le atribuye, derechos de autor y derechos conexos, según el representante de La Prensa Gráfica, encaja con el caso por el plagio de la información, de una persona jurídica (empresa) y de la marca del periódico.
El tribunal programó para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana la audiencia inicial contra Ortiz Lara.
Luego de una amplia investigación, el imputado fue detenido el miércoles en una casa de la urbanización Madreselva, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.
Según la Fiscalía, el lugar donde Ortiz Lara fue arrestado ha sido considerado como un presunto centro de “trolls” o de fraude cibernético desde donde al parecer se intervino en más de tres ocasiones y se modificó el contenido de la información del sitio web de La Prensa Gráfica.
El primer ciber-ataque se perpetró el 8 de junio. El 21 de junio los representantees del medio denunciaron el hecho ante la Fiscalía.
En respuesta el día siguiente , los “troles” falsificaron por segunda vez la página web de LPG, mostrando una falsa entrevista del presidente y director general del matutino, José Roberto Dutriz.
El abogado acusador, Arístides Perla, explicó que se inició una amplia investigación con peritajes externos e independientes, que vincularon a Ortiz Lara.Luego de la denuncia ante la Fiscalía se solicitó la pericia informática judicial que arrojó nuevos hechos, los cuales se vinculaban con otros sitios importantes que por encontrarse en el proceso de la indagación con el auxilio judicial internacional solicitado por la Fiscalía a los Estados Unidos no se puede revelar, explicó Perla.
Todo por $10 mil
Las pesquisas han determinado que este plan comenzó con la contratación de expertos informáticos como Ortiz Lara, por lo cual ofrecieron pagar 10 mil dólares.
“En la oferta hubo profesionales que no aceptaron, pero el joven Ortiz Lara aceptó. Eso es lo que se tiene de información y que debemos corroborar en la siguiente investigación que debe ser seria, objetiva y profesional”, afirmó Perla.
El abogado manifestó que en el allanamiento en Madreselva se encontró a José Carlos Navarro, quien se identificó como gerente del establecimiento y manifestó que maneja las cuentas de Twitter de la Alcaldía de San Salvador.
Navarro se autoidentificó en una cuenta de Twitter y que aportó como evidencia a la Fiscalía como el “Payaso sin gracia”, lo cual se suma a la investigación del caso.
Perla aclaró que Navarro no fue detenido el día del registro del centro en Antiguo Cuscatlán por no figurar en el proceso indagatorio inicial y porque no había nada que lo relacionara con los delitos. Además porque “toda la denuncia iba dirigida a Andrés Ricardo Ortiz Lara y era la persona vinculada con las investigaciones y pruebas informáticas”, explicó Perla.
Sin embargo, el abogado manifestó que en el futuro Navarro podría figurar en calidad de testigo o imputado pues “es importante para la investigación de la verdad y la justicia”.
Perla señala a un tercer mencionado en el caso, que es una persona conocida en cuenta de Twitter que está en indagación.
Para la audiencia inicial, el querellante ha solicitado al juez que el imputado quede detenido mientras se le procesa judicialmente, pues si queda en libertad puede escapar o podría interferir en las investigaciones. Asimismo, se corre el riesgo de que se reagrupe con la estructura que supuestamente pertenece y se continúe el ataque cibernético no solo al mismo medio de comunicación sino para otros.
“Lo mejor sería no dejarlo salir, legalmente hablando, porque con su ejemplo alentaría a otras personas a vivir de ataques cibernéticas a otros medios, a los empresarios, funcionarios y políticos“, afirmó.
En la audiencia inicial, se prevé que las partes (Fiscalía, defensores y juez) acuerden la continuidad del proceso contra Ortiz Lara, en libertad condicional o sin ella.
El acusador señaló que si se encontrara a un funcionario público relacionado con este caso, se agrava el caso porque se estaría frente a un acto de un agente del Estado contra la libertad de expresión.
“Lo importante aquí es que los hechos no queden impunes y para eso hay que denunciar cualquier acto anormal que se realice”, reiteró Perla.
Sobre el móvil de este fraude del que es víctima el periódico LPG, queda corroborado que es en represalia por las investigaciones periodísticas que este matutino había publicado, dijo Perla.
Defensor resta mérito a la acusación
El abogado defensor José Carlos Barrera afirmó poco después de presentada la acusación que todavía no había accedido al documento de la Fiscalía para referirse al mismo.
Pero manifestó que en lo poco que había visto el planteamiento de la acusación, que existe entre el hecho acusado y los delitos hay “problemas de tipicidad”, es decir, no encajan los hechos denunciados con los delitos que le atribuyen a su defendido.
“Mi defendido me ha manifestado que él no está vinculado al hecho que le atribuye y eso lo vamos a probar en el proceso”, sentenció el defensor. Lo nuevo de estos hechos podría de alguna forma beneficiar a Ortiz Lara y eso ha quedado evidenciado, en la relación del caso con los delitos que se le imputan, reiteró.
“Es decir, no hay una forma sólida o contundente que se demuestre que Ortiz Lara esté involucrado en este ilícito”, dijo. Por de pronto dijo que se reserva la estrategia de su defensa.