“El peligro de fuga es latente y este es un hecho grave, porque su propósito fue crear zozobra entre la población”.
Estas fueron las razones por las que el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador envió a prisión al supuesto coautor de los atentados con explosivos frente a los ministerios de Hacienda y Seguridad.
Tony Alexander Orellana Solano (quien dice trabajar como taxista) fue aprehendido el miércoles pasado en Ayutuxtepeque, tres meses después de ocurridos los hechos.
La Fiscalía lo acusa de actos de terrorismo porque presuntamente habría sacado de una casa de Ayutuxtepeque, en San Salvador, los artefactos explosivos que luego fueron colocados en dos vehículos que pandilleros de la 18 revolucionarios dejaron cerca de las instituciones de Gobierno.
El primer hecho fue el 28 de agosto pasado, frente al Ministerio de Seguridad.
Las autoridades localizaron explosivos C-4 dentro de un carro que fue abandonado en la zona a la hora en que cientos de personas laboraban o hacían diligencias en el centro de Gobierno.
Un equipo de especialistas logró desactivar la bomba y evitó una desgracia.
El segundo atentado fue cometido la noche del 10 de septiembre, en la urbanización Buenos Aires, cerca del Ministerio de Hacienda.
Un vehículo con reporte de robo explotó. El estallido no causó víctimas pero sí provocó daños materiales en algunos inmuebles cercanos.
Atentados fueron para presionar al Gobierno
Entre las pruebas con las que el Ministerio Público pretende demostrar la participación de Orellana en estos actos terroristas están audios con las intervenciones telefónicas y el relato de un testigo con clave Plutón.
Según la investigación, esta persona declaró que el imputado le entregó un teléfono celular para que hablara con Óscar Aguilar Panameño (a) Chiquitón, quien está recluido en el penal La Esperanza, en Ayutuxtepeque.
Este le dijo que necesitaba “mover unas cosas” que tenía en su casa, por lo que le pidió que se la fuera a enseñar al Tony Alexander.
El testigo se habría negado a ir, pero ante la insistencia de Chiquitón tuvo que hacerlo. Luego llevó al taxista al lugar y ahí habría visto que un pariente de Aguilar le entregó al acusado una caja donde supuestamente estaban almacenados los explosivos.
Orellana -a quien le faltan dos dedos de la mano izquierda y tiene una limitación física en una pierna- aseguró que se los amputaron durante el conflicto armado tras resultar herido manipulando un artefacto explosivo.
“Yo soy afectado por las bombas, sería ilógico que yo también participe para poder dañar a (otras) personas”, expresó el hombre, quien aseguró que desde hace 15 años trabaja como taxista.
El defensor de Orellana pidió que se le procesara en libertad, pero la jueza rechazó la solicitud tras observar que entre los arraigos presentados había un documento donde decía que él había trabajado como taxista para un señor pero hasta en enero pasado.
Las autoridades han establecido que además de Orellana, esta estructura está conformada por otros 10 hombres: ocho supuestos pandilleros y dos exempleados de la Policía.
El Ministerio Público asegura que este grupo delincuencial tenía planificado colocar bombas en alguna sede de la Fiscalía y en un bus del Sitramss. El propósito de estos pandilleros, según la fuente, era generar zozobra entre la población para presionar al gobierno y pactar otra tregua.