Cinco instituciones gubernamentales involucradas en el manejo y uso del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se han negado en reiteradas ocasiones a dar información sobre el uso que hacen de los ahorros de los cotizantes de las AFP.
Aunque el Instituto de Acceso a la Información Pública ya les ordenó entregar los documentos que un comité sindical les ha solicitado de diversas maneras, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero, Bandesal, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) se niegan a informar sobre el dinero que toman prestado de los ahorros de los trabajadores para pagar las pensiones de los jubilados actuales y sobre la tasa de interés que le pagan a los cotizantes.
Inicia audiencia en @iaip_elsalvador por negativa de FGR de entregar informe por sanción tras divulgación de ROS. pic.twitter.com/9050bHRLqj
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) octubre 7, 2015
Las solicitudes de información comenzaron en enero de este año, luego que en diciembre de 2014 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la tasa de interés del 1.2%, que se usaba con base a la tasa LIBOR por usar los fondos de pensiones.
En sustitución de esta tasa, el Consejo Administrativo del FOP decidió establecer una tasa de interés del 3% cuando tomara prestado dinero de los cotizantes, sin que hasta la fecha se divulgaran las razones de esa decisión.
Tras conocer esa aún baja tasa de interés, el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), que promovió su inconstitucionalidad ante la Corte, solicitó en reiteradas veces una explicación formal de ese 3%, pero las autoridades se han negado a entregarla aduciendo que son datos confidenciales.
Cuando pidieron la información al Ministerio de Hacienda, éste respondió que los datos eran responsabilidad del Banco de Desarrollo (Bandesal) por ser la institución que ejerce como fiduciario.
Pero cuando se solicitó la misma información a Bandesal y luego a la Superintendencia del Sistema Financiero, ambas entidades respondieron que no podían entregar los datos porque es información confidencial por secreto fiduciario.
Y mientras se ha dilatado la respuesta, el Fideicomiso ya emitió a la fecha más de $300 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que se usan para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Estos certificados se han emitido a una tasa del 3%, es decir que por cada $100 que un cotizante de las AFP le presta al Gobierno, solo recibe 3 dólares de ganancia.
Este dinero que el Gobierno toma prestado son ahorros que los trabajadores actuales depositan en las AFP y que se le prestan al gobierno obligatoriamente.
Según la resolución de la Sala de lo Constitucional el Gobierno debe pagarle a los trabajadores una tasa de interés de mercado, que actualmente ronda entre el 5 y el 7%.
La nueva tasa debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, pero a pesar de que Comtradefop ha pedido reiteradas veces que agilicen esa decisión, los diputados le han dado largas y no han reformado la ley.
El comité también ha pedido a la Sala de lo Constitucional que le ponga un plazo a la Asamblea para que agilice dicha reforma, pero ni uno ni otro se ha movido.
Al ISSS y al INPEP
Comtradefop también solicitó por la vía formal información sobre los planes anuales de cumplimiento de las obligaciones previsionales del ISSS y el INPEP, a fin de determinar que efectivamente, el dinero que se presta a las AFP sirve para pagar las pensiones de los jubilados de estas instituciones.
No obstante, ambas instituciones respondieron que la información era confidencial por lo que se negaron a entregar los datos solicitados.
Ante las reiteradas negativas el representante legal del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), Enrique Anaya, ha apelado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), misma que ya le dio la razón en todos los casos y le ha ordenado a las instituciones entregar la documentación que se le ha solicitado.
Pero la negativa ha continuado y todas las instituciones también han presentado su apelación ante el Instituto, por lo que la información requerida aún no llega a las manos de los solicitantes.
Anaya insiste en que esta debe ser información pública pues se trata de dinero de los salvadoreños que se usa para un fin público. Asegura que recurrirá a todas las instancias para transparentar los fondos.