Según José Marinero, especialista en la administración pública, graduado del Harvard Kennedy School y docente de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia (Ecade) de Fusades, al país le convendría la pronta aprobación de la Ley de la Función Pública, ya que mejoraría la calidad profesional y de los servicios de las instituciones del Estado.
En la Asamblea tienen un proyecto de dicha ley, que busca la meritocracia en las contrataciones estatales, pero lleva en estudio más de tres años, por lo que organizaciones sociales como Fusades y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) han urgido a los diputados que la agilicen porque se constituye, entre otras cosas, en una administración mejor preparada y previene el clientelismo político en ella.Marinero coincide en que una ley de este tipo se traduce en eficiencia y calidad del servicio que ofrecen los burócratas al ciudadano, porque la administración se vuelve un cuerpo más transparente, más eficiente, más efectivo.
También coincide con el tema de la prevención de las cuotas políticas en las instituciones del Estado. Él dice que esta ley se vuelve “otra barrera contra la corrupción”, porque si contratan a a alguien por “amiguismo”, esta es una forma de corrupción, ya que se está beneficiando a un individuo utilizando los recursos públicos que se le han confiado.
¿A quiénes atañe esta ley?
A toda la población, no puede estar más alejado de la realidad, porque la transformación de la administración pública y en particular de su cuerpo de funcionarios, es crítico por un montón de motivos. No se le puede dar continuidad en el largo plazo a las políticas públicas si no hay un cuerpo de funcionarios capaces, transparentes, eficaces, eficientes, aptos, que le den seguimiento a esas políticas, más allá de los ciclos de los funcionarios políticos.
¿Qué otras consecuencias acarrea no contar con una Ley de la Función Pública?
Para los servidores públicos es la incertidumbre, la inseguridad jurídica de su estabilidad y su régimen de compensaciones, agregaría también la forma cómo se evalúa su desempeño y rendimiento. No hay manera, casi en el completo del aparato de Estado, de tener certeza, como servidor público, de hacia dónde va mi carrera en términos de compensación y estabilidad, salvo bolsones de calidad en la administración pública salvadoreña, que sí los hay. (Esa falta de la ley) genera una cultura de desmotivación, desapego, de desaprensión, incluso de los fines que persigue la administración pública.
¿Tendríamos burócratas más eficientes?
Es lo que se persigue, hay un punto importante que la transformación de la función pública no se reduce a la ley, el gran reto es la implementación y eso requiere que se creen capacidades en la propia administración, para echar a andar la ley. Un primer paso importante es el marco jurídico, que el Estado dedique recursos o que planifique qué tipo de recursos va a requerir para que se realice la organización del trabajo, que fije un régimen de compensación adecuado que responda al servicio que se está prestando, que se eliminen las iniquidades de los salarios por ejemplo.
¿Cuál es el principal beneficio de la Ley?
Una política de largo plazo que tienen la capacidad de decidir sobre la calidad del Estado que tenemos es la reforma de la función pública, usted lleva mejores personas al aparato público, más empatados con las capacidades que tienen, les da certeza y las herramientas con capacitación continúa, un cuerpo de funcionarios más transparentes y así puede decidir mejores políticas de seguridad, de educación, de salud, económicas y otras.
¿Por qué conviene esta ley a la población?
Para el ciudadano, porque va a recibir mejor calidad de los servicios, es un cuerpo más transparente, más eficiente, más efectivo con lo que está haciendo.
¿Qué herramientas le da al Estado?
Constituye otra barrera contra la corrupción, en el ingreso a la administración pública, porque si ponen a alguien por “amiguísimo”, es una forma de corrupción de beneficiar con recursos públicos a un individuo. Pero también porque de esa manera estamos construyendo un cuerpo de servidores públicos que no dependen de quien lo haya ayudado. En principio debería ser más independiente.
¿Cómo está el país a nivel de región?
En los últimos 20 años a nivel de Latinoamérica ha existido una serie de reformas importantes en los regímenes jurídicos de la administración pública de esos países y El Salvador es de los países que tienen de los regímenes jurídicos más antiguos. La Ley de Servicio Civil que es del año 1961 y que incluso nunca fue implementada completamente.Esa ley tiene en la obligación de que el ingreso a la administración sea por mérito y aptitudes, ya lo decía, cosa que no se implementó, porque nunca se hizo el reglamento, lo que significa que quienes ocupen los puestos en la administración pública, hayan llegado por mérito y actitud al puesto que corresponda.