Al analista político guatemalteco, Phillip Chicola, quien ha seguido de cerca la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), no le cabe duda que en El Salvador se debe de implementar un organismo similar para comenzar a desmontar las estructuras de corrupción que, a su juicio, puedan estar enquistadas en las instituciones del Estado y en los partidos políticos.
Tras escucharlo sobre la experiencia guatemalteca con la Cicig, surgió la pregunta sobre si en nuestro país también se hace necesario un ente internacional similar para investigar casos de corrupción en las esferas del Estado.
“Yo creo que sí (es necesario), porque en Guatemala si no hubiera sido por Cicig, lo que ocurrió en estos últimos seis meses no hubiera pasado, porque en gran medida la Fiscalía y el sistema de justicia respondió, es porque había una institución internacional sin las vinculaciones políticas del resto que dijo, aquí vamos a investigar casos de corrupción”, respondió Chicola.
Chicola, quien actualmente se desempeña como director de la Unidad de Gestión Pública (Cacif) y es profesor titular en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala, está en el país para participar en el Diplomado “Aspectos generales de los sistemas políticos y de la gestión pública” que coordina la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Precisamente, sus ponencias se enfocarán en el rol investigativo de la Cicig que sirvió para desarticular una red de corrupción y defraudación aduanera conocida como La Línea, en la que están implicados altos funcionarios de gobierno, entre ellos el mismo expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión preventiva.
Hasta hace seis meses, eran funcionarios que parecían “intocables ante los ojos de la justicia”, recuerda Chicola.
“Lo que estamos viendo en Guatemala es que la Cicig vino a romper esa frontera y una vez que institucionalmente rompemos esa frontera y nos creemos aquel paradigma de que nadie es superior a la ley, hasta en ese momento las instituciones (Fiscalía, sistema de justicia, etc.) comienzan a funcionar”, explicó el experto.
Aseveró que el “destape” de la corrupción estatal que hizo la Cicig “incentivaron ese despertar ciudadano” que salió a las calles a exigir cárcel para los corruptos.
No obstante, para el caso de El Salvador, Chicola hace dos propuestas que se deben de tomar en cuenta a la hora de crear una Cicies. “Se debe revisar el mandato de la Cicies; perfilar qué casos debe conocer y cuáles no. Darle un mandato circunscrito para que su equipo lo pueda direccionar realmente en la vía donde están los verdaderos tentáculos de la corrupción”, planteó el analista político.
El segundo aspecto se refiere al nombramiento del Comisionado que estará al frente del organismo de investigación internacional, quien debe enfocar el esfuerzo donde realmente están las estructura de corrupción al más alto nivel del Estado, dijo Chicola. Sin embargo, esa designación la hace las Naciones Unidas, que es el ente que patrocina la Cicig en Guatemala.