La Fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social (Fusades) consideró que el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2016 presentado por el gobierno contiene varios aspectos que violarían la Constitución de la República, entre ellos la emisión de hasta un 30 % de la deuda pública en Letras del Tesoro (Letes).
Este tipo de empréstitos, que permiten financiar en un corto plazo las necesidades del Estado, tiene un saldo acumulado de $1,127.35 millones en el presupuesto presentado ante la Asamblea Legislativa y supera, según Fusades, la capacidad de pago de capital e intereses por parte del gobierno.
Al respecto, Javier Castro, director de estudios legales de la institución, considera que los vicios de inconstitucionalidad sobre las Letes radican en que solo deben utilizarlas como un mecanismo que corrija deficiencias “temporales” de ingreso. No obstante, el Ejecutivo recurre a ellos como un mecanismo de financiamiento permanente, complicando más el déficit fiscal y las finanzas del Estado.
“La deuda flotante (Letes) está limitada por el artículo 227 de la Constitución y más allá del problema financiero que se está generando, hay claras violaciones porque su destino no es corregir ingresos sino que financiar gasto corriente y pago de remuneraciones; es un abuso a la figura de ley que los define”, señaló Castro.
Fusades también considera que el presupuesto 2016 está “desvinculado” de la necesidad del país, sobre todo porque el desfinanciamiento (de $578.9 millones) afecta la ejecución y ampliación de diferentes programas sociales y además incluye $52 millones para el pago de salarios y remuneraciones en todas las instituciones públicas.
Otro punto que destacan es el de incluir de forma correcta los ingresos y los gastos. Álvaro Trigueros, director de estudios económicos y sociales de Fusades, explicó que lo anterior está condicionado a una mala ponderación de la tasa de crecimiento del país y a que se sobreestiman los ingresos y se minimizan los gastos, aunque la realidad fiscal plantee lo contrario.
“No se cumple el artículo 227 de la Constitución que manda al Órgano Ejecutivo a incluir en cada año fiscal la estimación de ingresos que se esperan recibir, así como el aval de todas las erogaciones”, apuntó.
Fusades advierte que el presupuesto podría ser sujeto de demandas en la Corte Suprema.