En siete años, los ecuatorianos enfrentan el riesgo de no cobrar sus pensiones dado que el Gobierno del presidente Rafael Correa ha echado mano de dichos fondos.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Eduardo Cadena, afirmó que el Gobierno ante “la desesperación de recursos”, retiró $1,200 millones que tenían obligación de aportar a la seguridad social e hizo que en los próximos siete años los jubilados se vean imposibilitados de cobrar sus pensiones.
“Se tomó el dinero de la gente y de los trabajadores que era aportado durante toda la vida y no reconoce esa deuda. El gobierno empezó con tres mil millones de dólares que debía a la seguridad social que en este momento va en 7 mil millones y lo que dijo es no reconocer esa deuda por que es pasarse el dinero de un bolsillo a otro. Esa plata no es de él, es de los trabajadores que han aportado toda su vida”, relató Cadena.
Asimismo, aseguró que este año el Ejecutivo ecuatoriano implementó una serie de medidas que lo único que han dejado es una economía inviable o “poco atractiva”.
Explicó que en enero empezaron a poner cupo a todas las importaciones. Después, pusieron tres mil partidas de salvaguardas, es decir, se incrementó hasta el 45% sobre los aranceles existentes a todas las importaciones que tiene Ecuador.
“Ecuador se propuso sacar mucha gente a la calle este año al cobrar el impuesto a las herencias del 75%, el gobierno propuso cobrar hasta un 45% adicional a la plusvalía de una inversión; Ecuador sacó una propuesta de un código de conocimiento que no reconoce la propiedad intelectual. Son distorsiones tan grandes que se van dando una a una que hacen que en una economía nadie quiera invertir”, afirmó.
El dirigente gremial añadió que no solo es un error intentar cargar con más impuestos a los ecuatorianos, sino hacer la economía totalmente inviable para que la gente pueda trabajar y pueda invertir.
Cadena respondió con esto a una serie de preguntas planteadas en el foro-conversatorio denominado “De la democracia a la tiranía del Siglo XXI” y el cual fue moderado por el director de Medicina Legal, José Miguel Fortín.
Fortín resaltó muchas coincidencias de las medidas implementadas por el gobierno de Correa con las que se implementan en El Salvador.
Entre estas resaltó la poca tolerancia de las autoridades a las críticas que les realizan diferentes sectores, principalmente sobre el incremento de la violencia.
“Para el Gobierno, la prensa tenía la responsabilidad por dar la noticia, la empresa privada y hasta Medicina Legal por dar las cifras”, criticó.