Los principales líderes empresariales han considerado que los nuevos impuestos a la telefonía y a las empresas aprobados por la Asamblea Legislativa dificultarán más la recuperación económica del país y además señalan la relación contradictoria que sostiene el Gobierno con el sector privado.
“Es contrario pretender reactivar nuestra economía mientras por otro lado aprueban más impuestos”, expresó ayer el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán.
La otra lectura negativa con la nueva imposición, agregó, es que el país pierde atractivo para nuevos inversionistas y empresas que ya operan, entre ellas, las zonas francas, las cuales serían afectadas por el gravamen a las empresas que ganan arriba de $500 mil al año.
Con las medidas aprobadas en la Asamblea se “violentan los beneficios que se le dieron a estas empresas extranjeras cuando vinieron a invertir”, opinó Simán.
“Ningún inversionista va a invertir en un país que cada año presenta una reforma fiscal”, añadió.
Adicionalmente, señaló que el impuesto a la telefonía restringirá los privilegios tecnológicos a la población.
“Esta gravando no solo el teléfono, sino el acceso a Internet y todos esos medios que permiten capacitar a los jóvenes en temas innovadores. Estamos restringiendo el acceso a la información”, apuntó Simán.
Menos atractivo
De manera similar se expresó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), Luis Cardenal, quien enfatizó en que el Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer para poder dinamizar la economía del país.
“Con esto estamos convencidos de que la economía no va a crecer, estos son mensajes negativos a la inversión. ¿Qué empresa va a considerar a El Salvador como un país atractivo para invertir, si cada jueves se cambian las reglas del juego?”, cuestionó Cardenal.
Para el representante de la gremial, los impuestos afectarán a la vez el presupuesto de los consumidores, en el afán del Gobierno por conseguir más recursos.
“No habría mayor problema si las políticas de seguridad estuvieran funcionando. El problema es que este Gobierno ha tenido recursos, pero no ha sido eficiente”, agregó al referirse a las argumentaciones del gobierno sobre su falta de presupuesto para combatir la delincuencia.
¿Y la propuesta de Giuliani?
Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) apuntó que “es falso que el gobierno necesita más dinero para combatir la criminalidad”.
La ANEP recordó que entre 2010 y 2015 el Gobierno ha recibido $20,933 millones en impuestos, un 52 % más que en seis años previos. Considerando que los homicidios han aumentado a un promedio de 22 al día, la gremial recalca que más recursos no es sinónimo de mejores resultados.
La cúpula empresarial calificó de “lamentable” que el Gobierno siga buscando obtener más recursos, mientras ignora las propuestas técnicas sobre seguridad que la gremial ha hecho, entre ellas la que hizo el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, consultor contratado por la ANEP para diseñar una política de combate al crimen.
Mal uso de recursos
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Ernesto Vilanova, criticó el mal uso que se hace del dinero de los impuestos.
Objetó el uso de camionetas de lujo y escoltas de seguridad entre funcionarios. “Cuánto se está distrayendo en esos recursos que no benefician a la población”, señaló.
Además, Vilanova objetó con ironía la propuesta para que los ministros y diputados entreguen parte de sus ingresos para financiar el plan de seguridad. Esta iniciativa ni siquiera fue discutida en la Asamblea Legislativa, añadió.
“Mire la forma en que se están enriqueciendo la mayor parte de los funcionarios a través del cargo que tienen. Es lógico pues (que no la aprueben) porque a nadie le gusta que le pongan piedras en su zapato”, expresó.
La mayoría de gremiales coincidieron en que analizarán los impuestos recién aprobados, incluyendo las posibles faltas constitucionales, con el objeto de gestionar recursos judiciales respectivos.