El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) que entregue los informes sobre el pago de $108.5 millones que le hizo a la empresa Astaldi, pese a que dejó abandonada la construcción de la represa El Chaparral.
El pago, que ha sido cuestionado porque se hizo a pesar de que la constructora dejó las obras, fue defendido públicamente por el expresidente Mauricio Funes en su momento.
La obra estaba valorada en $219 millones, lo cual significa que le pagaron a la empresa como si hubiera construido la mitad del proyecto.
El 20 de julio de 2015, los exdiputados areneros Mario Valiente y Mariella Peña pidieron la documentación que avalaba el arreglo, pero la CEL la declaró “en reserva”.
Los entonces legisladores de ARENA pidieron los informes de quién y cómo se determinó el pago de $108.5 millones a la empresa, como arreglo por la paralización de la obra, así como el porcentaje de esa cifra que correspondió al valor de la obra ya ejecutada y en concepto de indemnización, y si dicha cantidad tiene una base técnica y jurídica.
También pidieron información sobre quién decidió que se pagara la indemnización a Astaldi, si fue por orden del expresidente Mauricio Funes o si fue por medio del fallo de un juez habilitado para tal caso.
CEL alegó que no podía entregar la documentación por una orden del Juzgado de Paz de San Luis de la Reina, en San Miguel y por las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero el IAIP ha ordenado a la CEL desclasificar los documentos y entregarlos a los peticionarios en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
El IAIP señala que la reserva decretada por el juzgado no tiene una “motivación o finalidad” y no se especifica la duración de la misma; además advierte que el juzgado ha “pretendido modificar el alcance de la reserva”, ya que la misma sólo se había decretado mientras se hacían pesquisas técnicas en el lugar.
El pasado 1 de octubre, el Juzgado de Paz de San Luis de la Reina volvió a emitir una resolución donde señala que no es pertinente que la CEL entregue la información solicitada, ya que ello podría entorpecer las investigaciones.
Pero el Instituto señala que la Fiscalía ha aclarado que es la institución a la que se ha hecho la solicitud, en este caso CEL, la que debe determinar en qué clasificación se encuentra la información.
Al final, el IAIP decretó que la reserva de la información por parte de CEL, “no cumple con los requisitos legales para su adopción, por lo que procede que este Instituto ordene la desclasificación de la información solicitada y posterior entrega a los apelantes”.
El Instituto también le ordena a la CEL, en un plazo no mayor a 24 horas después de que venza el plazo para entregar información, presentar un informe del cumplimiento de la resolución, de lo contrario iniciará un proceso sancionatoria. Asimismo, ordenó que se remita el expediente del caso a la Unidad de Fiscalización de ese Instituto para que verifique el cumplimiento de dicho fallo.
Mario Valiente, uno de los solicitantes, se mostró satisfecho con el fallo emitido por el IAIP y los argumentos de este en relación con que los datos solicitados sólo fueron reservados para la etapa del peritaje, sostuvo.
Según dijo, la CEL aún podría apelar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero consideró que dicha instancia no aceptará los argumentos de la autónoma.
El Diario de Hoy buscó la opinión de la CEL con relación a la resolución del IAIP, pero no hubo respuesta a los correos electrónico enviados a la oficina de prensa.