El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió ayer entregar los informes de auditoría practicados a las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes de la República, datos solicitados por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) a la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Se trata de las auditorías a los informes de bienes de Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes.
Estos documentos habían sido declarados bajo reserva por la sección de Probidad argumentando que no podían divulgar el contenido de las declaraciones de patrimonio dado que tenía también carácter reservado.
Sin embargo, tras una decisión anterior del IAIP, donde se permitió develar el contenido del patrimonio del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, la Corte Plena de la CSJ permitió desde entonces que se entregue a quien lo solicitara la información sobre los bienes y patrimonios declarados ante Probidad de todos los funcionarios públicos.
De hecho, ese fue uno de los argumentos planteados por el IAIP al avalar la solicitud de los datos por Funde, que lo hizo a través del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador (ALAC), que representa en el país a Transparencia Internacional.
“Para determinar el carácter de la información solicitada por los apelantes conviene señalar, en primer lugar, que si las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios son públicas o dejaron de ser reservadas a partir de la divulgación por la CSJ y el examen realizado por la sección de Probidad a tales declaraciones forma ‘un solo cuerpo’ con ellas, la negativa del ente obligado a entregar dicho examen, análisis o dictamen, basada en la ‘reserva total de las declaraciones juradas recibidas en la sección de Probidad’, carece de sustento y por lo tanto, al igual que el contenido de la declaración, es público”, reza en la resolución.
Roberto Burgos, coordinador de Funde-Alac, manifestó que el motivo para solicitar las auditorías es determinar si realmente en Probidad hay una contraloría en las declaraciones presentadas por los expresidentes o simplemente le dan trámite y no investigan si existió, o no, enriquecimiento ilícito durante sus respectivos mandatos.
Anteriormente, Funde-Alac ha externado sus dudas sobre la veracidad de los datos brindados por Flores, Saca y Funes a la CSJ en sus respectivas declaraciones patrimoniales.
El argumento de esa Fundación es que los tres exgobernantes terminaron sus mandatos con cuestionamientos en temas relacionados a manejo de dinero en sus gestiones y en sus campañas.
“Esas declaraciones nos va a permitir a los ciudadanos conocer, si en efecto, la sección de Probidad ha estado cumpliendo sus tareas de fiscalización, ya que la misma ley de enriquecimiento ilícito, que es de 1959, le da algunas herramientas a la sección de Probidad, como por ejemplo, incautar bienes que hayan sido adquiridos ante la posibilidad de que haya un enriquecimiento ilícito y también de remitir a la Corte de Cuentas y en su caso la Fiscalía, la información que amerite una investigación más a fondo”, sostuvo Burgos.
Además de este fallo, el IAIP emitió dos más. En una ordena a la Presidencia de la República dar las actas en las que consta la argumentación para negar información que clasifican de reservada. Y en la otra, reiteran que los extranjeros tienen derecho a solicitar información pública.