El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Florentín Meléndez, afirmó ayer que la Asamblea Legislativa está en su derecho de solicitarle a la Sala que agilice el fallo sobre los $900 millones, pero que en esa instancia continuarán con el estudio del caso sin prisas.
Las declaraciones de Meléndez surgen luego que los diputados de la Comisión Política del Congreso acordaron el martes, por unanimidad, exhortar a la Sala de lo Constitucional que agilice el fallo que defina si mantiene o no la prohibición para que el gobierno use $900 millones de emisión de bonos.
La Sala frenó la emisión de dichos fondos el pasado 10 de junio al admitir una demanda en la que se solicitaba revisar el proceso que siguió la Asamblea para aprobarle al gobierno la emisión de bonos por ese monto.
Meléndez indicó que los ciudadanos y las instituciones tienen derecho a solicitar a cualquier tribunal, y en este caso a la Sala de lo Constitucional, que resuelva con prontitud los casos que tiene en estudio, una solicitud que para ellos es natural, pero explicó que la Sala tiene su propio ritmo de trabajo.
De hecho, indicó que la Sala maneja 1,500 casos y que muchos de esos son complejos jurídicamente, delicados y de trascendencia nacional.
Sin embargo, explicó que la Sala trabaja en un “borrador” de la sentencia que emitirá sobre el caso de los $900 millones. “No les puedo decir en qué momento puede salir, porque es un tema muy delicado, son alegatos de forma los que se han planteado en la demanda, que tiene que ver con los diputados suplentes que no han sido electos por el pueblo”, declaró el magistrado Meléndez.
Agregó que en la demanda se plantea que cuando un decreto legislativo no alcanza los votos requeridos, no puede ser sometido de nuevo a discusión del pleno antes de seis meses. “Eso es lo que estamos evaluando también en la Sala, por la trascendencia general de sus sentencias siempre nos preocupamos por evaluar los efectos de la sentencia”, acotó y remarcó que deben prever que los efectos no sean perjudiciales para el país.
“En este caso estamos preocupados en evaluar el tema de los efectos, que produzcan un efecto beneficioso para el país, y si hay un error legislativo que corregir, pues la Sala va a ordenar que se corrija y que no se vuelva a incurrir en fallos constitucionales”, afirmó.
Exhorta a no esperar fallo
En vista de que el argumento del oficialismo es que de esos $900 millones quiere usar $100 millones para seguridad pública, el magistrado Florentín Meléndez también externó que la Asamblea Legislativa puede hacer un nuevo trámite para gestionar fondos que se destinen a ese fin.
“Están habilitados para hacerlo, más que todo si hay un pacto político como el de Ataco, en el que todos los políticos se han comprometido para ayudarle al Gobierno”, dijo.