La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó a la exdirectiva de la Asamblea Legislativa, del periodo 2012-2015, entregar y publicar la información de los asesores legislativos que le fue denegada al ciudadano Ángel Fernando Romero en 2013.
La Asamblea, presidida por Sigfrido Reyes, del FMLN, argumentó que los datos requeridos por Romero son de carácter “confidencial”, pese a que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sentenció a la Directiva de ese entonces a brindar dicha información al peticionario.
Pero tras dos años de estudio, la Sala de lo Contencioso declaró legal lo resuelto por el IAIP: “… Se ordena la entrega de la información que fue solicitada por el ciudadano Ángel Fernando Romero Ortega y requerida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, consistente en poner a disposición del público en el sitio web el listado de asesores de la Asamblea Legislativa con su respectivo salario y partido al que se encuentra inscrito”, reza el texto final de la sentencia.
Esto se debe a que Romero acudió al Instituto y esta entidad resolvió en 2013 que los datos solicitados no son “confidenciales” y sentenció a la exdirectiva entregarle al ciudadano los datos; sin embargo, el expresidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, se negó a hacerlo.
Ante esto, el IAIP condenó a los 14 directivos de ese entonces a pagar una multa de $666 cada uno, la máxima que establece la ley de Acceso a la Información Pública por cometer una “falta muy grave”.
Reyes y los diputados directivos del FMLN, GANA y PCN se abocaron a la Sala de lo Contencioso en rechazo a la resolución del Instituto, no así los directivos de ARENA, quienes se plegaron a la resolución del IAIP y cancelaron en el ministerio de Hacienda la multa impuesta.
sobre la multa, la Sala de lo Contencioso declaró que es “ilegal”, por lo que según explicó el comisionado del Instituto, Jaime Campos, los exdirectivos de ARENA que cumplieron con cancelar la multa deberán pedir a Hacienda que les devuelva el dinero.
Campos valoró que la decisión de la Sala de lo Contencioso abona a la democracia, pero lamentó que tardó dos años en resolver el recurso interpuesto por la Asamblea.
“La deuda se tenía con la legislatura anterior, lo que hace la Sala de lo Contencioso luego de dos años es darle la razón al Instituto, en el sentido de que la información es pública y además es oficiosa, ni siquiera tiene que ser pedida, dado que el artículo 10 establece que el listado de los asesores debe publicarse por todas las instituciones”, afirmó.
Campos dijo que es el primer caso que la Sala de lo Contencioso resuelve de ocho recursos que tiene en análisis provenientes de varias instituciones públicas.
Actualmente, el dicho tribunal analiza recursos interpuestos por el Ministerio de la Defensa Nacional; otro en contra del exministro de Economía y excandidato a alcalde de Santa Tecla por el FMLN, Armando Flores; de la alcaldía de San Francisco Chinameca, de La Paz; de la Universidad de El Salvador (UES); del Concejo de Ilobasco, Cabañas; y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Consultados ayer los diputados tras conocerse de la sentencia de la Sala de lo Contencioso opinaron en su mayoría que deben dar a conocerse los nombres de los asesores, pese a que en 2013 algunos de ellos alegaban que era información “confidencial” y que ponía en riesgo la integridad física y moral de los aludidos.
“Yo no conozco esa sentencia. Pues yo personalmente creo que salvo algunas cosas que hay que tratar de que sean de uso secreto porque el Estado así lo necesita, pienso que las cosas de la Asamblea Legislativa no son secreto de estado, de tal manera que yo personalmente creo que habrán que abrirse a eso”, afirmó el secretario general del FMLN, Medardo González.
En tanto que Guillermo Gallegos, de GANA, expresó que en la legislatura actual la presidenta Lorena Peña ha revelado los asesores de los partidos, pero dijo que no veía inconveniente en revelar los de la legislatura pasada.
“Los del recurso fue Junta Directiva anterior, ante esta resolución no nos queda más que acatarla, de hecho ya se dio a conocer de alguna manera por la actual presidenta (Peña), pero hoy tendríamos que ya en carácter obligatorio dar a conocer estos datos. Como Junta Directiva no tenemos ningún inconveniente en acatar el fallo”, aseguró.
Se buscó a Francisco Merino, del PCN, para conocer su opinión pero no fue posible. Margarita Escobar, de ARENA, dijo que ellos acataron la resolución del IAIP.
“Jamás estuve de acuerdo en ir a cuestionar la decisión del IAIP porque a mi juicio la petición era lo correcto”, acotó la legisladora.