Los empresarios agrupados en el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes) señalan de inconstitucional la propuesta gubernamental de un nuevo impuesto a los usuarios de telefonía para destinarlo a la seguridad pública, por considerar que se trata de una doble tributación.
“Es un caso donde el ciudadano pagará dos impuestos: la tributación del impuesto de IVA y la supuesta contribución especial; es un abuso por parte del gobierno en su afán de aumentar la tasa de recaudación, es cobrar dos veces con la misma cosa”, criticó Ernesto Vilanova, presidente de Conapes.
El otro punto donde la gremial ve una posible violación a la Constitución de la República es en la naturaleza de obligatoriedad que tiene el impuesto, de acuerdo con el anteproyecto de ley. A eso se suma que se fija el tributo por un período de 10 años, explicó Vilanova.
“Los derechos del ciudadano son pisoteados”, opinó el dirigente.
Y adelantó que están preparando un recurso de inconstitucionalidad para presentarlo a la Corte Suprema de Justicia, si se aprueba el impuesto. “Es una decisión con un fuerte impacto social y agrava la crisis económica del país”, acotó Vilanova.
En concordancia, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) dijo ayer que un impuesto o contribución especial como la que plantea el gobierno significaría un “severo retroceso” a los avances que ha tenido el país para favorecer el desarrollo de la era digital.
“Este proyecto de ley, al encarecer el acceso de las familias a las telecomunicaciones, producirá más inseguridad, más desprotección”, consideró Pablo Bello, secretario general de Asiet.
Para la asociación, el incremento de los tributos a los servicios de telecomunicaciones eleva los precios a los consumidores y desalienta las inversiones, limitando el impacto del sector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y profundizando la brecha digital.
La gremial recomienda reflexionar sobre sus efectos, ya que incrementar los costos de la provisión de servicios y contraer la oferta afectará la penetración a los segmentos de la población de menores ingresos.
También advierten que un impuesto a los usuarios de telecomunicaciones, afectaría la capacidad de consumo de los salvadoreños, tanto de los servicios de telefonía, televisión e Internet, como de los dispositivos que permiten el acceso a estos. Además, dicen que imposibilitaría el acceso a la población a equipos de nueva generación, los cuales tendrían un incremento en su precio derivado del gravamen a su importación.