Ha pasado poco más de un año desde que se aprobó, y entró en vigencia, el Impuesto a las Transacciones Financieras y aunque se han recaudado alrededor de $80 millones, las arcas del Estado siguen siendo insaciables, el gobierno persiste en imponer más tributos y las condiciones del país no parecen mejorar, según lo manifiestan representantes de gremiales, sindicatos y economistas.
Con la ley de impuestos a las operaciones financieras, los bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito retienen a los salvadoreños un 0.25% por cada transacción que supere los $1,000, ya sea en efectivo, con cheque o de forma electrónica.
Además, se estableció el pago de 0.25 % para el control de la liquidez, el cual aplica para pagos, depósitos y retiros y se calcula sobre la cantidad que exceda el piso de $5,000.
Aunque desde octubre de 2014 el gobierno tiene un ingreso extra de $7.3 millones mensuales, en concepto de impuesto a las operaciones bancarias, las necesidades en inversión pública continúan en aumento.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal, el gobierno del FMLN, ha subido los impuestos en diversas áreas y los resultados continúan siendo invisibles.
“Siempre que el gobierno ha gastado más de lo que ha ingresado, busca cómo conseguir más dinero, utilizando la misma bandera, siempre diciendo que es para mejorar algo que los salvadoreños aspiramos a tener mejor; pero eso no se mejora y el golpe se queda”, reflexionó Cardenal.
Con el impuesto a las transacciones financieras, que entró en vigencia en septiembre del año pasado, el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, salió a defenderlo argumentando que serían fondos que se utilizarían en áreas de educación y salud, principalmente.
Sin embargo, este año el portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda, muestra como el Gobierno ha realizado una considerable reducción en la inversión pública, sobretodo en áreas que serían la prioridad para la recaudación del impuesto a las transacciones bancarias.
Apenas $9.2 millones han sido ejecutados como parte de la inversión pública en educación, y $10.5 millones en salud, faltando poco menos de 4 meses para terminar el 2015, denotan que el país no tiene un rumbo definido, de acuerdo con Cardenal.
Reiteradamente, diversas asociaciones médicas han puesto al descubierto las carencias que se mantienen en estas áreas, falta de equipos, escasez de medicinas e inadecuada reparación de infraestructura, entre otros, son solamente algunos de los problemas que enfrentan.
“Hemos observado que no hay resultados y no hay transparencia, ¿cuáles son los supuestos planes en los que se está invirtiendo el dinero? Hay problemas de ejecución, hay un par de obras, pero eso no es suficiente”, agregó Cardenal.
Pese a que las entidades financieras tuvieron que asumir el costo administrativo para cobrar aparte el impuesto, el único que ha visto las ganancias es el Gobierno.
En su momento, diversos sectores de la sociedad advirtieron que ese paquete tributario afectaría la cadena productiva, y que no se lograría la recaudación prevista por el Ministerio de Hacienda y, en efecto, un año después de su implementación, la recaudación tiene un faltante de casi $20 millones respecto a los $100 millones previstos.
Mientras tanto, el costo del impuesto se ha trasladado a los precios de los productos y hoy la canasta básica ha aumentado hasta 15 %, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes).
Más impuestos castigan a la población
Con la “Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, que recientemente ha anunciado el Gobierno que se aplicará en el consumo telefónico a miles de salvadoreños, se ha puesto de manifiesto nuevamente que el Gobierno necesita recaudar más dinero.
“Es un verdadero descaro pedirle más impuestos a la gente. Esto ya no es falta de recursos, sino falta de capacidad”, así calificó el economista Claudio de Rosa, la actitud del gobierno de continuar quedándose con el esfuerzo de miles de salvadoreños, bajo el argumento de mejorar las condiciones de seguridad nacional.
De acuerdo con de Rosa, los funcionarios de gobierno se contradicen cuando aseguran que no hay recursos para financiar obras públicas o para destinarlo a mejorar la calidad de vida de la población, y aún existen millonarios préstamos que no han sido desembolsados.
Según los datos del economista, mientras el sector público vive una aguda crisis financiera por falta de recursos, y la economía crece débil por una escasa inversión, el Gobierno de El Salvador tiene 21 préstamos de organismos multilaterales y de cooperación de países amigos, aprobados por un total de $933 millones, equivalentes a 3.7 % del Producto Interno Bruto, PIB.
Sin embargo, a marzo de este año, sólo ha ejecutado $160.3 millones, equivalentes a 17.2 % del total, de acuerdo con de Rosa.
“Pareciera que el Gobierno no tiene interés por hacer más inversión, sino sólo tener recursos de libre disponibilidad para gasto sin evaluación de resultados. Los impuestos castigan el esfuerzo de la gente y el país sigue sin rumbo, este es un país que no avanza”, lamentó el economista.
Para el investigador del área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, el Gobierno continúa en su afán de poner impuestos porque no está logrando la recaudación debida, pero sigue sin reforzar los pilares de la recaudación e incentivos fiscales.
Aunque el planteamiento de los funcionarios es que los salvadoreños que gastan o ganan más, pagarán más en impuestos, la realidad es que cada ciudadano termina sufriendo las consecuencias.
Así lo afirma la secretaria general del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges), Sarahi Molina, para quien los tributos que continúa exigiendo el gobierno solo deterioran más la difícil economía de los salvadoreños. “Nosotros creemos que ya los trabajadores pagamos demasiados impuestos. Pagamos renta y, en todo lo que nosotros compramos, pagamos IVA también. No estamos de acuerdo en que se cargue más a los trabajadores”, dijo.
Gobierno sin recursos
El presidente de la Cámara de Comercio, señaló que la situación que atraviesa el gobierno en el que se está quedando “sin fondos”, se debe a que presenta presupuestos desfinanciados.
“A la gente se le olvida, pero nosotros dijimos el año pasado que el presupuesto 2015 estaba desfinanciado, y que solo les iba a alcanzar para llegar a octubre y, mire en junio, ya no tenían de donde sacar”, refirió Cardenal.
También el partido de oposición señaló en su momento que la partida presupuestaria está basada en un crecimiento irreal. “El presupuesto está basado en un crecimiento del 2.6 %, pero cuando vemos cómo se está comportando la economía, ese crecimiento es irreal porque este año no vamos a llegar posiblemente ni al 2 %”, aseguró la diputada Milena Calderón de Escalón.
La diputada de ARENA advirtió que el panorama económico mostraba que habría un déficit en el presupuesto superior a los $1,000 millones y, tal como lo habían pronosticado, en junio de este año el gobierno ya estaba buscando la forma de financiar programas en seguridad pública, área social y para pagar deuda y capital de corto plazo, con $900 millones en bonos.
Pero el problema del Gobierno no termina allí, además de cargar con más impuestos a los salvadoreños, de tener problemas de caja chica y de no estar ejecutando obras que son necesarias para el país, se continúan alejando inversiones.
Aunque el presidente Salvador Sánchez Cerén, en el discurso de toma de posesión del 1 de junio de 2014, aseguró que su gabinete trabajaría duro para atraer inversión extranjera, para representantes de diversos sectores, esas palabras se quedaron en papel.
Debido al constante enfrentamiento que se mantiene con la empresa privada, en temas como el de los impuestos a las transacciones financieras y, este año con el impuesto a las telecomunicaciones, donde hay grupos parlamentarios que sugirieron gravar el 10 % de las utilidades de las empresas de telefonía, las inversiones se siguen alejando, según se advirtió.