La Presidencia de la República sigue sin revelar información que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que era pública: los montos globales de los gastos en publicidad, así como las auditorías internas practicadas de 2007 a 2011.
El Ejecutivo había solicitado una prórroga de 15 días, pero el IAIP se la negó.
Estos documentos fueron solicitados por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) a través de su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (Alac), que al mismo tiempo pidió los detalles de los viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes y la exprimera dama, Vanda Pignato.
A mediados de agosto pasado, el Instituto reiteró su decisión de mantener como secreto de Estado, los viajes que Funes realizó en sus cinco años de mandato a diferentes partes del mundo. De esa manera dio la razón a los argumentos del Ejecutivo de que desclasificar esa información atentaría contra la seguridad del actual presidente Salvador Sánchez Cerén, ya que implicaría revelar datos de su dispositivo de seguridad.
Pero por otro lado determinó que sí es de carácter pública la información contenida en las auditorías internas realizadas a las administraciones presidenciales, que de 2007 a mayo de 2009 estaba a cargo de Elías Antonio Saca, y las de junio de 2009 a 2011, bajo el mando de Funes.
Los montos globales de los gastos de Casa Presidencial también son parte de los datos que deben ser revelados.
Sin embargo, aunque la resolución ya fue ratificada y se denegó una última petición de prórroga, la Funde-Alac recibió el pasado jueves una notificación del IAIP en la cual se le decía que la Presidencia ya había remitido un informe en el que aseguraban haber cumplido parcialmente la resolución, emitida el 18 de diciembre pasado.
A lo que se referían es que solo retiraron de su índice de información reservada las auditorías internas de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Según Roberto Burgos, coordinador de Alac, es incomprensible por qué a este momento Capres sigue dando largas a entregar la información, al solicitar la prórroga.
Consta en documentos enviados al IAIP que los representantes legales del Presidente pidieron más tiempo para entregar la copia de los informes de auditoría interna de 2007 a 2011, así como los montos globales anuales de los servicios de publicidad, pese a que previo a la audiencia del 18 de diciembre, cuando se emitió el fallo, aseguraron al Instituto que esos datos los tenían en resguardo.
Tener en resguardo la información, cuya declaratoria de reserva está siendo dirimida en un proceso del IAIP, significa, según a ley, que debe tenerla a la mano para preservar su integridad (que no sea alterada o simplemente que se asegure su existencia física) antes de que se defina si es pública o se mantiene en secreto.
“En virtud de la complejidad y antigüedad de parte de la documentación pretendida, a efecto de garantizar la veracidad de la misma, solicito a este Instituto una prórroga para el cumplimiento de la orden administrativa de quince días hábiles adicionales”, solicitó el oficial de información de la presidencia, Pavel Cruz, el pasado 10 de septiembre.
El Instituto advirtió que en el trámite del proceso de apelación se decretó con base en el artículo 85, literal “b” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la medida preventiva de “resguardo y copia de seguridad de la información”, a lo que Capres presentó documentación de que había acatado la medida.
Por esa razón, el IAIP determinó que era “innecesaria” una extensión en el tiempo de entrega, pues se entiende que dicha información “se encuentra recopilada por el acatamiento de la medida cautelar antes relacionada”.
“Estése a lo dispuesto en la resolución emitida por este Instituto a las quince horas y treinta minutos del 18 de diciembre de 2014 y cumpla con lo en ella ordenado en los plazos establecidos, so pena de proceder al inicio del proceso sancionatorio”, ordenó el IAIP.
Burgos también señaló en ese sentido que es la institución a la que se le pelea el acceso a la información la que por ley debe resguardar los datos que están incluidos en el índice de reserva.
“Ellos mandaron un escrito en el que dicen: ‘confirmamos que se ha cumplido la medida cautelar’, es decir, toda la información que estábamos peleando ya la tenían identificada y resguardada. ¿Cómo vienen ahora a pedir más tiempo para poder entregárnosla? Es evidente la falta de voluntad para transparentar esta clase de información”, dijo Burgos.
Para el coordinador de Funde-Alac, este retraso no es más que la extensión de la “misma estrategia” de intentar disuadir a los ciudadanos de seguir exigiendo esta información, ocultar del escrutinio público esta clase de datos y seguir incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho de acceso a la información pública.
Seguirá proceso en Sala
Por otro lado, Burgos reiteró que Funde-Alac siempre presentará la demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a los viajes al extranjero, logística de seguridad y transporte durante el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, mientras Funes se desempeñaba como presidente, pues reitera que es un derecho constitucional que se está violando al no dar a conocer esa información que es de interés público.
En esa misma petición se incluirá otros datos que fueron negados por Capres y confirmados por el IAIP, como los gastos en las actividades protocolarias de alimentación, transporte y estadía de funcionarios internacionales que visitaron El Salvador durante la administración de Funes y la concerniente a los servicios de publicidad, al diseño, producción e implementación de la campaña para Presidencia en 2010 y sus prórrogas. No incluye montos totales en ese rubro, pues a este dato ya dio acceso el Instituto.
Recurrir a la Sala de lo Constitucional se deriva de la decisión del IAIP el 18 de diciembre de 2014 de mantener el secreto impuesto por la Presidencia a esta información solicitada. La Funde-Alac interpuso un recurso apelando esa decisión y no fue hasta ocho meses después del fallo que IAIP ratificó su decisión.
ALAC, que es el representante de Transparencia Internacional en El Salvador, ha realizado una serie de peticiones a la Presidencia, de las cuales, la mayoría ha sido declarada bajo reserva.
Otro caso que recientemente se ha conocido es la solicitud sobre si existe o no la “Unidad de Análisis Económico” en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), de cuáles son sus funciones y fuentes de financiamiento.
La Presidencia se ha escudado en la Ley del OIE y ha interpuesto un recurso ante el IAIP en el que señala que ese Instituto no es competente para conocer sobre la reserva de tales datos.
Otra petición de información, hecha por Roberto Burgos en su carácter personal, es sobre el estado de salud actual del presidente Sánchez Cerén, copia del expediente clínico, informe sobre los costos de atención médica en Cuba, compra de medicamentos, entre otros. IAIP aún lo estudia.