El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, cuestionó ayer que el Gobierno destine $62 millones para que sean administrados a discreción del Secretario Privado de la Presidencia, cuando está pidiendo que se aplique un impuesto a los usuarios de las telecomunicaciones para destinar esos fondos a la seguridad.
El legislador tricolor hizo el señalamiento basándose en datos del ministerio de Hacienda, los cuales indican que esa Secretaría de Estado, dirigida por el efemelenista Manuel Melgar, maneja esa cantidad de dinero para distribuirlas así: $35.7 millones en la Dirección y Administración Institucional; $25.9 millones para apoyo a instituciones adscritas; y $435,855 para respaldar a otras entidades.
De allí que la principal bancada de oposición cuestionó que el Gobierno pretenda implementar un tributo del 10% en la factura que pagan los usuarios por los servicios de telefonía, cable, Internet, entre otros, y que no muestre austeridad estatal.
Ante esto los diputados tricolores exigieron también que se cumpla con la ley de Responsabilidad Fiscal, pendiente de aprobación desde que el expresidente Mauricio Funes pidió a la Asamblea la aprobación de un paquete de reformas fiscales.
La petición de ARENA llega en momentos en que el Gobierno insiste en que necesita fondos para combatir la criminalidad. Sin embargo, la oposición cuestiona que hay varios millones en préstamos que no han sido utilizados por el Ejecutivo.
La justificación del gobierno es que para cumplir con el plan El Salvador Seguro, concebido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, urgen recolectar $2,200 millones.
Pero ante la propuesta del impuesto que plantea el Ejecutivo, los partidos han comenzado a lanzar sus propias contrapropuestas.
ARENA solicitó ayer al pleno legislativo la creación de una comisión ad-hoc que analice las diversas propuestas que los partidos y el Gobierno han planteado para generar fondos que ayuden a combatir la delincuencia, pero la petición no tuvo el respaldo ayer mismo.
Rodolfo Parker, del PDC, se sumó ayer a los diversos planteamientos y pidió al pleno que discutir una propuesta denominada “Ley de Contribución especial de funcionarios públicos para el combate a la delincuencia”.
Este proyecto consiste en que todo funcionario público estaría obligado a pagar una contribución especial a fin de apoyar la ejecución de los programas contra la delincuencia y propone una tabla que varía de acuerdo al salario que devengan.
Para quienes ganen entre $1,500 a $2,000 la contribución especial sería del 3% sobre ese monto; de $2,000 a $2,500 sería el 5%; de $2,500 a $3,000 el 7%; y de $3,000 en adelante con el 10%.
Pero a la hora de votar por esta petición, el PDC sólo logró el apoyo de 8 diputados, por lo que volverá a intentar que sea conocida en la próxima plenaria.
Partidos como el PCN y GANA han presentado otras mociones.
El partido naranja plantea gravar con el 15% las utilidades que tienen las operadoras telefónicas, que según el diputado Guillermo Gallegos, rondan los $1,000 millones al año.
Esta semana presentó otro plan que consiste en gravar con el 5% a las empresas y personas naturales que obtienen ganancias arriba de $500 mil al año.
El PCN reiteró ayer su propuesta de emitir bonos voluntarios, similares a los que se crearon en la década de los 60 para la guerra.
Mario Ponce, jefe de fracción del PCN, dijo que la iniciativa consiste en emitir bonos con denominaciones que irían desde $1, $5, $10, $20, $50, $100, $1,000, $5,000 hasta un máximo de $10,000.
Estos bonos devengarían un interés del 5% anual y serían pagaderos en ese mismo plazo, y para que no se tome como una deuda del Estado, Antonio Almendáriz aseveró que tiene un tope de $200 millones.
Milena de Escalón, de ARENA, dijo que ven positivo la emisión de bonos de forma voluntaria, en vez de la imposición del 10% que el Gobierno quiere hacer con los usuarios de las telefónicas.