Casi el 37% de la población más pobre del país saldría afectada con un impuesto a las telecomunicaciones, sobre todo al servicio de telefonía celular, según se desprende del análisis de los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013, realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), del Ministerio de Economía.
Según ese sondeo, las familias pobres y en pobreza extrema a nivel nacional representan el 36.7% de la población y gastan más de 11 dólares al mes en llamadas de celular. Además, arroja otro dato importante: que en el país el 91.8% de las familias salvadoreñas cuentan con un aparato móvil.
De este total el 93.2% de las familias viven en la zona urbana y el 89.2% en la rural. (Ver detalles más abajo en tabla).
Para la diputada de ARENA, Milena de Escalón, un tributo como el que pretende aplicar el gobierno afectará a pobres y ricos. “Lo mismo habla un rico que un pobre”, expresó la arenera cuando se le consultó sobre los datos de la encuesta.
De Escalón lamenta que al aplicarles un alza del 10% a los servicios de telecomunicaciones, entre ellos a las tarjetas prepago para hacer llamadas, como lo pretende hacer el Gobierno, se les limita el acceso a esta herramienta de rápida comunicación.
A la luz de los datos de la Digestyc, el analista económico Manuel Enrique Hinds, afirma que los números contradicen lo dicho por el Gobierno, de que la “contribución especial”, como le llama al impuesto que sería aplicado a los usuarios de los servicios de telefonía, no afectará a toda la población.
“Afectará al cien por ciento de la población, pero a ese 40% (de los más pobres), los pondrá en peligro que no podrán usar el teléfono; es mentira lo que dice el Gobierno, a ellos les afectará mucho más que a los demás”, lamentó.
Hinds instó al Ejecutivo a que en vez de pensar en impuestos se reduzcan los gastos innecesarios, pues dijo que “ningún Gobierno ha tenido ingresos tan altos y préstamos tan altos como este. Sin embargo, no hay medicinas en los hospitales, se atrasan en las escuelas. ¿Dónde está el dinero?, en vez de que la gente tenga que pagarles los viajes que digan en qué gastan el dinero y mejor gasten en la salud de la gente”, opinó.
La legisladora tricolor añade que la situación se agrava, pues a raíz del incremento de la delincuencia en el país, el medio que tienen las familias para saber si sus parientes están bien es llamarse por teléfono móvil.
La Encuesta de Hogares lo refleja, ya que según el censo, el gasto en el consumo del servicio de celular ronda en casi 12 dólares mensuales, siendo casi el mismo monto que ocupan para comprar productos de primera necesidad como frijoles y tortillas.
Pero el diputado del FMLN, Rolando Mata, no piensa así. Según el efemelenista, el celular “no es necesario para vivir” y afirma que los resultados de la encuesta en mención no deben ser analizados planteando que el consumo de celular sea importante.
“Cada quien decide, no es indispensable, no es necesario ni siquiera para la seguridad”, aseveró cuando se le planteó que muchas familias utilizan este medio para estar en comunicación con sus parientes, debido a la inseguridad.
En contraste con las palabras de Mata, el sondeo gubernamental indica que en promedio un hogar pobre gasta en celular $12 dólares mensuales. Y conforme a los datos de la encuesta sobre el consumo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es casi lo mismo que utiliza para comprar alimentos.
Las familias clasificadas como pobres gastan en tortillas $20 al mes; en maíz $16.6 mensuales; en frijoles rojos $7.3 al mes; en leche entera $13.8 mensuales; en huevos de gallina $8.4 al mes, entre otros productos básicos.
ARENA y otros sectores también han señalado el excesivo gasto público y la falta de ejecución de millones de dólares de préstamos dirigidos para seguridad.
La información que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, plasmó en su memoria de labores presentada en junio pasado a la Asamblea Legislativa es que $182.89 millones de cuatro préstamos que fueron avalados por los diputados para enfrentar la delincuencia, y que datan desde 2013, aún no han sido ejecutados.
Pese a que hay fondos congelados para invertirlos en seguridad, el Gobierno plantea que todos deben contribuir con recursos para combatir la delincuencia.
Pero los segmentos más pobres de la población serían los más impactados con la posibilidad de aumentar en un 10% el costo de la telefonía celular, entre otros servicios, partiendo de los resultados del sondeo que revelan que en el área rural es donde más se acentúan los índices de pobreza.
Las estadísticas del gobierno indican que sólo en la zona rural se concentra el 36% de hogares en pobreza, de los cuales el 9.8% se clasifican en pobreza extrema y el 26.2% en pobreza relativa.
Según los datos de la Digestyc, en 2013 el costo de la canasta básica en el área rural, para un hogar con un promedio de 4.07 miembros, es de $119.50 y la canasta básica ampliada es de $239.00.
En tanto, en la zona urbana, para una familia integrada por 3.61 miembros, es de $168.84 y la canasta básica ampliada es de $337.68.
Además, los salarios que se detallan en el censo muestran que las personas que menos ganan son las que se dedican a tareas del campo como la agricultura, la ganadería, la pesca; así como a la industria manufacturera, la construcción, el comercio, hoteles, restaurantes y trabajadores del servicio doméstico.
Los ciudadanos que laboran en esas áreas devengan salarios que van desde $140.85 al mes a un máximo de $293.11 mensuales.
Prácticamente, estos salvadoreños dedican la mitad o todo su sueldo para sufragar sus necesidades más apremiantes: alimentación y vivienda. Por lo que un impuesto más afectaría sus bolsillos.
Funde: cometen un error
Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), cuestiona la forma en la que el Gobierno intenta llevar fondos a las arcas del Estado.
“Tiene que ver con el hecho de que sea parejo, cometen un error, creen que en la noche todos los gatos son pardos. Más bien, debería ser como un impuesto escalonado, como una franja que realmente debería ser considerado”, dijo, en relación al segmento más pobre que sería afectado con el impuesto que plantea el Ejecutivo.
Funde propone que el impuesto se aplique únicamente al consumo del servicio de telefonía celular, pero en “tramos”, ya que al gravar otros medios de acceso a la tecnología, como el cable e Internet, se frenaría el desarrollo de las personas porque limitaría el acceso a las herramientas de la innovación tecnológica.
Rubio añade que debe hacerse una consulta con los sectores para buscar el mecanismo adecuado e identificar los objetivos a cumplir; además se debe definir quiénes manejarían los fondos que, a su criterio, debería ser un comité integrado por personas notables, académicos y probas.
Este planteamiento es compartido por el PCN, PDC y GANA. Estos partidos también han presentado contrapropuestas para generar dinero para la seguridad.
Manuel Rodríguez, secretario del PCN, dijo que no están de acuerdo en colocar impuesto a las redes de Internet, porque afectaría a la población estudiantil. Considera que hay que revisar la propuesta del Gobierno para que no “golpee” a la ciudadanía.
“Todo ese tipo de análisis es lo que debemos de hacer y es importante conocer este tipo de encuestas para tomar una decisión, y si esto es así, mucho menos puede haber intención política de querer apoyar la propuesta del gobierno”, expresó Guillermo Gallegos, de GANA.
