Como una media que reforzaría los recursos para las tareas de seguridad pública, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) planteó ayer la importancia de reducir el gasto de Casa Presidencial (Capres) antes que gravar a los consumidores con una “contribución especial” del 10% a los servicios de telecomunicaciones.
La propuesta hecha ante el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana obligaría a que la Presidencia de la República elabore un presupuesto donde se reduzca la partida de remuneraciones y compra de bienes y servicio, lo cual generaría un ahorro anual de entre $30 y $60 millones en promedio, estima la gremial.
ANEP sugiere que ese dinero que se destine a una partida dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad para el plan “El Salvador Seguro”.
Waldo Jiménez, representante de la gremial ante el Consejo de Seguridad, hizo hincapié en que es importante mejorar la ejecución presupuestaria antes de crear nuevos tributos, y que si se necesitan más fondos la decisión más acertada es revisar el gasto corriente de Capres y sus entidades adscritas, incluso en los ministerios.
“Nuestra gremial es clara: el gobierno debe reorientar recursos y no castigar a la población con tributos. Un ejemplo de ello es que en Capres hay casi $65 millones disponibles porque su presupuesto ha crecido de forma excesiva en los últimos años; eso puede modificarse”, consideró.
Sobre esto el secretario de gobernabilidad, Hato Hasbún, dijo que la propuesta se revisará el próximo lunes en la reunión financiera del Consejo de Seguridad, aunque recalcó que el gobierno seguirá buscando apoyo político para aprobar la propuesta del impuesto a la telefonía.
“Hemos escuchado el planteamiento de ANEP, es un buen insumo que discutiremos. Esperamos que los diputados (de la Comisión de Hacienda de la Asamblea) hagan lo mismo con nuestra propuesta”, dijo Hasbún.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Benito Lara, reconoció que el gobierno “está en la disposición” de reducir el 10% que ha propuesto para gravar las telecomunicaciones, siempre y cuando resulte “bajo un acuerdo”.
“Este tema debe discutirse, incluso, se puede llevar a las reuniones interpartidarias. Nosotros no nos hemos casado con un porcentaje”, dijo Lara.
El plan de ANEP también fue conocida por los partidos políticos y representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas.