El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador decretó ayer sobreseimiento provisional contra el exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela, y 16 imputados más por el delito de negociaciones ilícitas, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica.
Según el referido juzgado, la Fiscalía General de la República no presentó el peritaje financiero, una prueba considerada clave para reforzar el caso contra los acusados.
Además, consideró que hay una serie de diligencias pendientes en el caso.
El exministro Maza Brizuela comentó, sobre el fallo del juzgado, que durante cinco años han seguido el caso y aún no han podido determinar que exista el delito que se le imputa.
“Cuando se acusa a un inocente, las cosas se van prolongando porque no se puede demostrar lo contrario, que es lo que me ha sucedido”, manifestó a la salida del juzgado el exfuncionario.
Maza Brizuela agregó que las autoridades “cumplen con los procedimientos legales”, al referirse al fallo dado a él y otros implicados.
El juzgado declaró rebeldes y ordenó la captura de Gerardo Enrique Osegueda Gine, Walter Antonio Badía Gómez y Paolo César Cobos, por no asistir a las diligencias realizadas hasta la fecha.
Por su parte, la Fiscalía aseguró que analizarán la resolución para decidir si presentará una apelación o no.
José Guillermo Maza Brizuela fungió como titular del Ministerio de Salud en el periodo comprendido entre 2004 y 2009. Es acusado de negociaciones ilícitas, presuntamente porque hubo una modificación de una cláusula del contrato que cambió toda la forma de pago y el monto a invertir en la reconstrucción del hospital San Pedro, de Usulután.
Mientras que los otros imputados, en su mayoría empresarios subcontratistas que participaron en los dos proyectos de reconstrucción del hospital San Pedro y el de San Vicente, están siendo procesados por negociaciones ilícitas, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica.
Los referidos centros asistenciales estaban incluidos dentro del proyecto de Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
De acuerdo con la Fiscalía hubo un perjuicio patrimonial contra el Estado por más de $1 millón de dólares por obras pagadas y no ejecutadas en el hospital Santa Gertrudis y más de $2 millones en el hospital San Pedro.