La forma en la que el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour, terminó el contrato de las obras en la presa El Chaparral con la empresa italiana Astaldi es “ilegal”, aseguraron ayer el abogado Francisco Bertrand Galindo y el exdiputado Jorge Villacorta.
“En materia de dinero público eso no se puede hacer, o se va al juicio o se gana el juicio, o se paga sólo lo que dice la ley. Lo que se pagó de más del valúo como la indemnización es ilegal y los funcionarios tomaron una decisión ilegal”, afirmó Bertrand Galindo.
Con eso coincide Villacorta, exlegislador al Parlacen (Parlamento Centroamericano), quien explicó que Samour presuntamente habría violado el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), que establece que los funcionarios públicos no pueden llegar a arreglos directos con empresarios en convenios donde se manejan fondos del Estado, como fue el caso de El Chaparral.
El arreglo directo con Astaldi ocurrió durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, pese a que los trabajos en la represa El Chaparral no habían concluido y el avance de las obras era apenas del 29.28%.
Pese a ello, terminaron pagándole $108.5 millones a la empresa italiana que dejó abandonadas las obras alegando “imprevistos imprevisibles”, tal como consta en el “arreglo directo” que suscribieron ambas partes, un trato que Funes defendió públicamente.
Villacorta, quien fue uno de los creadores de la Lacap, aclaró que la normativa no contempla pagos de indemnizaciones por terminar un contrato. Ante ello, Bertrand Galindo calificó de “ilegal” lo actuado por la CEL.
La autónoma cumplió con el pago como si la firma italiana Astaldi hubiera terminado el 50% de los trabajos, cuando era mucho menor, según auditores de la Corte de Cuentas.
En su momento, Funes y Samour argumentaron que pagarle $108.5 millones a Astaldi fue la salida más barata que irse a un arbitraje internacional.
El costo total de la obra era de $219 millones y era bajo la figura llamada “llave en mano”, es decir, se tenía que entregar completa la obra por el precio que se trató.
El texto del artículo 95 que mencionan Villacorta y Bertrand Galindo detalla que “las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos”.
En esto último es que hicieron hincapié Bertrand Galindo y Villacorta porque la CEL sólo debió pagarle a Astaldi por el avance que tenían las obras cuando ambos decidieron claudicar el contrato, es decir por el 29.28%. Pero antes debieron haber mediado en un proceso judicial que definiera los términos de la cancelación.
Otro de los puntos que surgieron ayer en la entrevista es el hecho de que el expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rosalío Tóchez, cediera a la petición que le hiciera Samour de realizarle una auditoria expedita para justificar el millonario pago a Astaldi.“Termina diciendo que sí se había violado la ley pero que era más barato (pagar la indemnización). Un presidente de la Corte de Cuentas nunca puede hacer eso”, advirtió Bertrand.
Los panelistas exhortaron al Fiscal General, Luis Martínez, que acelere la investigación de El Chaparral, ya que lleva dos años en la Fiscalía.