El Gobierno defendió ayer el impuesto a la telefonía que pretende establecer para financiar el plan “El Salvador Seguro”.
El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, manifestó ayer que desde que se lanzó el plan “El Salvador Seguro”, se estimó que tendría un costo un poco mayor de los dos mil millones de dólares y el cual se aplicaría en cinco años.
“Tenemos la expectativa que con todos los respaldos políticos que está obteniendo el plan y los consensos con las fuerzas políticas en el pacto de (Concepción de) Ataco, vamos en la ruta correcta de buscar esos financiamientos. Parte de esos recursos será (fruto) el esfuerzo y esmero del Gobierno central y la cooperación internacional “, explicó Chicas.
Pero la parte más importante de los orígenes de los fondos será la propuesta del Consejo de Seguridad Nacional, “el ministro de Hacienda está preparando un nuevo tributo que permita financiar la ejecución global de ese plan”, aclaró el secretario.
El trasfondo de este nuevo impuesto para el actual Gobierno es que “la seguridad es tarea de todos”, el cual exige unidad y, por lo tanto, si todos “somos afectados por la inseguridad, todos tendremos en alguna medida de aportar a ese tributo de seguridad”, razonó Chicas.
Sin embargo, a esta fecha, todavía se desconoce de cuánto sería ese tributo ni a partir cuándo, pues ese anuncio corresponderá hacerlo al Ministerio de Hacienda. El nuevo impuesto sería cobrado en la factura que pagan los usuarios por el servicio de telefonía celular y fija.
Para que el tributo sea aplicado, antes debe aprobarlo la Asamblea Legislativa; sin embargo, el mismo está proyecto, estudio y redacción por los técnicos del Ministerio de Hacienda.
Una de las proyecciones con este impuesto es mejorar los salarios de los agentes policiales y de la Fuerza Armada para, de esa manera, evitar que sean corrompidos por ofrecimientos de dádivas de la delincuencia.
La confianza del Gobierno es que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa cumplan con el compromiso que suscribieron en el seno de una reunión denominada interpartidaria para unir esfuerzo para combatir la violencia y generar gobernabilidad, hace unas semanas. Con los nuevos recursos se financiaría el Instituto Criminológico, que investigaría las verdaderas causas de los homicidios.